Estas semanas, en la Comisión de Justicia del Congreso, estamos iniciando los trámites parlamentarios para aprobar la nueva Ley Concursal y en paralelo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar las competencias de los juzgados mercantiles a esta nueva legislación.

Se trata de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno que tiene su origen en el obligado cumplimento de las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea y la consecuente y obligada transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo. En dicha directiva, el derecho comunitario regula los marcos de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas.

En este sentido, el Gobierno ha presentado un texto legislativo que da buena respuesta a las demandas de la Directiva, a la vez que establece una apuesta valiente por la reforma de nuestro sistema de concurso y preconcurso, y afronta directamente la transformación digital y tecnológica, así como la agilización y flexibilidad de los procesos que acompañan a las empresas que se encuentran en esta situación.

Afronta directamente la transformación digital y tecnológica

Flexibilidad, viabilidad y eficiencia son las líneas sobre las que se basa el texto que se ha trabajado dentro de la Comisión General de Codificación a lo largo de dos años y medio y que, en esta etapa, cuenta con el debate parlamentario, entre los mismos grupos, y también con los agentes y entidades que configuran el entorno concursal.

Es por ello que, desde el grupo socialista, tenemos la responsabilidad de tramitar esta nueva reforma. Hemos realizado numerosos encuentros de escucha y recogida de información de todos aquellos que tienen experiencia y opinión, tanto en la vertiente de la Ley Concursal como en la de reforma de la LOPJ para la adaptación de los juzgados mercantiles.

En esta línea, el pasado martes 1 de marzo la Comisión de Justicia, estando aún el plazo de enmiendas parciales abierto, acordó y realizó una sesión de comparecientes en sede parlamentaria, en un ejercicio adicional de escucha.

En este sentido es importante destacar los elementos y opiniones coincidentes en esta ley. Una ley oportuna y necesaria. Una ley que afronta un cambio imprescindible y urgente en nuestro sistema concursal. Porque no es solo que Europa nos indique y nos mandate un cambio en el proceso concursal, sino que es una cuestión indubitada, fuera de toda discusión, que el sector concursal necesita un cambio. Y esta ley avanza en esa línea.

Por eso es importante destacar que se trata de una ley valiente. También en la apuesta por la transformación digital, fruto de una realidad cierta, que no es otra que vivimos en un mundo ya digital.

Nace de una doble evidencia

Es esta una ley que nace de una doble evidencia: el estado de la situación concursal y la propia directiva que hay que transponer. Una directiva que ofrece en sí misma una flexibilidad para cada Estado miembro en función de su derecho interno y las especialidades del sistema de insolvencia. Y aquí nos encontramos con la eternización de los procesos de concursos, con hasta 60 meses de media en 2020.

El proyecto de ley que entra ahora en trámite parlamentario, y donde estamos llamados los diferentes partidos a encontrar puntos de encuentro y de acuerdo, nace con dos claros objetivos, ampliamente compartidos: en primer lugar reducir tiempo y costes con la flexibilización y agilización del proceso de concurso, y en segundo lugar garantizar la viabilidad de las empresas, y con ello el futuro y la economía de empresarios, emprendedores, autónomos y de trabajadores asalariados, con especial cuidado y atención a las pymes.

Reducir tiempo y costes con la agilización del proceso de concurso

En el momento legislativo en que entramos ahora, todos estamos llamados a poner los cimientos necesarios para aprobar esta ley. Siendo conscientes y con la certeza de que estamos ante un tema complejo, especializado y con gran incidencia económica, individual, empresarial y del propio sistema.

Y con el convencimiento de que en el debate parlamentario encontraremos una posición común de las líneas que han de favorecer que esta importante ley vea la luz en este período de sesiones, es por lo que valoro la voluntad del Gobierno de afrontar la reforma de la legislación concursal afrontando todos los retos que esta nos ofrece.