Mercè Perea  Diputada del PSC en el Congreso y portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo del GPS

El cuidado y las empleadas del hogar: una cuestión de justicia

Una empleada de hogar, en una imagen de archivo.
Una empleada de hogar, en una imagen de archivo.
CC OO - UGT / EUROPA PRESS

El trabajo doméstico ha sido entendido a lo largo del siglo XX como un servicio remunerado que se prestaba en el ámbito privado. A lo largo de décadas se identificaba como aquel servicio que se podían permitir las familias acomodadas en Europa. La otra acepción más común era entenderlo como aquél trabajo que se realizaba en la esfera privada del hogar por la mujer cuando asumía la totalidad de las cargas domésticas y familiares, sin cualificación y sin remuneración. En España es más cercano este modelo: los cuidados.

Sin embargo, en la última década la contratación de las personas trabajadoras domésticas es una práctica más habitual en la clase media trabajadora. Ha dejado de ser un lujo para pasar a ser una necesidad.

Del total de personas trabajadoras que prestan estos servicios, el 95,5% son mujeres; de esta cifra, un 80 % se encuentra en una franja de edad entre los 35 y los 54 años; un 75% son mujeres migrantes y el 50% tiene estudios secundarios, siendo su salario de referencia el salario mínimo interprofesional. El empleador es el cabeza de familia. Un hecho nada intrascendente.

Los avances en derechos han sido progresivos, pero extremadamente lentos. En 2011, con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero se creó el sistema Especial para Empleados del Hogar. La finalidad era equipararlo al régimen general. El reciente Pacto de Toledo, en su Recomendación 17, planteaba esa integración de forma urgente para acabar con las eternas discriminaciones de género.

El servicio doméstico que se ocupa de los cuidados no ha tenido una equiparación con el resto de las profesiones a pesar de ser, a nuestro juicio, una de las profesiones esenciales de presente y de futuro.

De hecho, Ángeles Durán, Doctora en Ciencias Políticas especializada en el trabajo no remunerado, le otorga la categoría de clase social: "el cuidatoriado". Una clase social que se caracteriza por la inestabilidad, y la inseguridad. Al no estar protegida no tienen Seguridad Social. Esto es, pobreza de presente y de futuro.

Según datos de un estudio de la Universidad Carlos III y el Instituto Aragonés de la Mujer, el valor del cuidado podría tener un valor equivalente a un 40% del Producto Interior Bruto. A pesar de ser un servicio esencial, el mercado no le ha dado solución ni económica ni social. Sencillamente "se los ha pasado a los hogares" y han sido las mujeres las que han tenido que asumir, además de su entrada en el mercado laboral en condiciones desiguales respecto de los hombres, la asunción de las cargas familiares.

Las personas que trabajan como empleadas del hogar se encuentran en situaciones de desprotección. Sólo están afiliadas a marzo de este año, según datos del Ministerio, 378.466 personas. Se presume que, irregularmente, podrían ser el doble de personas. Según datos de UGT, el gasto medio por hogar en salario y seguridad social del personal doméstico descendió un 25% durante la pandemia. Es decir, en casos de crisis, la grave desprotección social y laboral que padecen se expresa con su despido y sin ninguna red que les acoja.

Precisamente, el más reciente intento por subvertir esa realidad ha sido el escudo social desplegado por el Gobierno. Un escudo que, para las personas empleadas del hogar, supuso un subsidio extraordinario de desempleo que amortiguó el golpe, pero no lo suficiente.

Los socialistas hemos instado reiteradamente a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para un trabajo decente, que significa que las personas trabajadoras domésticas tengan condiciones de empleo equitativas al resto. Esto se traduce en trabajo y condiciones de vida dignas. Y el pasado 5 de abril el Consejo de Ministros, a instancia del Ministerio de Trabajo, aprobó enviar a las Cortes Generales su ratificación, cumpliendo así otro de los compromisos del Gobierno de coalición.

Este será un gran paso. Y el siguiente, y sin solución de continuidad, debe ser el de aprobar la prestación de desempleo como ha apreciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ello va a ser clave para la dignificación de esta profesión y va a permitir su protección y el no tener que permanecer al albur de las condiciones socioeconómicas del país o de las familias.

Con su reconocimiento daremos respuesta a un colectivo de personas trabajadoras y a nosotros colectivamente. Dignificar el cuidado es dignificarnos como sociedad.

La economía de los cuidados va a ser una revolución social y económica. Ésta puede ser una oportunidad en clave global y también local: si la previsión es que en 2050 las personas dependientes de una pensión seamos 16 millones de personas van a ser necesarios millones de puestos de trabajo en este sector, por lo que pueblos y ciudades experimentarán una mejora económica y social.

Fortalecer este servicio esencial es una necesidad. Tendremos que buscar mecanismos para proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Para ello, hacer aflorar la economía sumergida tiene que ser una prioridad. Desde incentivos o bonificaciones fiscales, o mecanismos como los que utiliza Francia con el sistema sencillo de cheques en los que se registran las horas a pagar (según convenios) y que facilita la gestión tanto a las trabajadoras como a las familias empleadoras.

Tanto a nivel social como económico, es una oportunidad y puede ser una realidad. Las reformas estructurales del país llevadas a cabo por el Gobierno ya lo son. El complemento de paternidad o maternidad en las pensiones que hoy ya ha reducido un 5% la brecha de género; la reforma laboral, la fuerte subida del SMI que dignificará salarios y condiciones laborales. Y, ahora, gracias al III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, podemos ser capaces de hacer la revolución en los cuidados y dignificar la profesión de las empleadas del hogar.

Es una cuestión de justicia social y de derechos para las personas trabajadoras.

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