Ponemos fin a una de las semanas más intensas en lo que llevamos de legislatura. Y eso, en este ciclo político, es decir mucho. La invasión criminal de Putin a Ucrania ha desembocado en una guerra que se ha llevado miles de vidas, ha obligado a millones de personas a abandonar sus casas y amenaza también la reconstrucción de todos los países que aún estaban superando la crisis social y económica derivada la Covid-19.

Esta vez, igual que en 2020, el Gobierno de España ha vuelto a colocarse inequívocamente del lado de la gente construyendo de nuevo un escudo social para bajar los carburantes, limitar la subida de los alquileres al 2% y aprobar un cheque ayuda para las familias más vulnerables para pagar la factura de la luz. Incluso nuestros adversarios reconocen que muchas de las medidas aprobadas serían impensables sin la presencia de Podemos en el Gobierno.

Ante la pregunta de a quién hay que proteger en una crisis económica, nosotros tenemos muy clara la respuesta: a la gente trabajadora, a las mujeres, a las familias vulnerables, a los niños y a las niñas. Esta vez quien se tiene que apretar el cinturón son las grandes empresas -especialmente las energéticas, que se han hecho de oro con el precio del gas- y las grandes fortunas.

"Esta vez, igual que en 2020, el Gobierno ha vuelto a colocarse del lado de la gente"

Es importante recordar que no siempre ha sido así. En la crisis financiera de 2008 se optó por proteger a los bancos y que fueran la clase trabajadora y la clase media las que la pagasen. Muchas todavía llevamos clavado en el corazón aquel hiriente "habéis vivido por encima de vuestras posibilidades". Y recordamos la gestión nefasta del PP, que tuvo como consecuencia despidos masivos, precariedad y recortes de servicios públicos. Aquello fue un absoluto fracaso, en lo social pero también en lo económico. Tardamos casi 12 años en recuperar las afiliaciones a la Seguridad Social perdidas, y todavía hay mucha gente que vive las desastrosas consecuencias de esa gestión.

En la crisis de la Covid-19, en cambio, se optó por lo contrario: proteger a la gente con un esfuerzo presupuestario histórico en España y en Europa. Se aumentó la inversión pública, se pusieron en marcha los ERTE para proteger el empleo y el tejido productivo y se prohibieron los cortes de luz, agua y gas, entre otras muchas medidas. El Estado no se recortó, sino que tomó la iniciativa en la protección de los ciudadanos y ciudadanas. Y fue ese impulso público el que consiguió, por ejemplo, que se lograra un proceso de vacunación exitoso o que se recuperaran los niveles de afiliación en menos de un año y medio.

Esta vez volveremos a hacerlo. Queda por delante una de las negociaciones clave de la legislatura, el tope al precio del gas que se está pactando con la Comisión Europea. Cuanto más baja sea la cifra -recordemos que el Gobierno ha propuesto un techo de 30 euros, como planteábamos en Podemos- más bajará la factura de la luz a costa de los beneficios multimillonarios de las empresas energéticas, y más rápido frenaremos la inflación que tanto sufrimiento está provocando a nuestra gente. Es un debate político trascendental que va a determinar en buena medida el alcance del nuevo escudo social.

Por último, es urgente abordar el debate del llamado "pacto de rentas". Comparto que nuestro país necesita contener algunas rentas, en concreto las del capital. Las grandes fortunas y las grandes empresas en España no pagan lo que les corresponde en impuestos. Hemos afrontado una pandemia con una inversión pública sin precedentes sin que los ricos aporten ni un euro extra a la crisis. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no pueden perder poder adquisitivo, ni nadie debe pedirles que lo hagan. Protegerles debe ser la prioridad que complete el nuevo escudo social.