Cuando Felipe González se trajo de su viaje a China (1985) el proverbio de ‘gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones’, incorporó un pragmatismo que sin duda ayudó a que España diera un salto espectacular y entrara de lleno en el siglo XXI.

Esa practicidad dio también lugar a que, con el objetivo de cazar ratones en aras del progreso, y para asegurarse de que era uno mismo el que permanecía en el puesto para lograrlo, aparecieran los primeros ventajistas. Así surgió el caso Filesa de cobro de comisiones para sufragar los gastos del partido, puerta que algunos firmantes de la concesión pública correspondiente aprovechaban para quedarse una parte.

Sin duda, Luis Roldán fue un exponente paradigmático de esas conductas y, sentirse posible víctima del terrorismo de ETA, su infame coartada para acumular un ilícito patrimonio multimillonario. Las comisiones las obtuvo tanto en obras adjudicadas como delegado del gobierno en Navarra como, y especialmente, en la dirección de la Guardia Civil. Allí robó de las obras y hasta del colegio de huérfanos del instituto armado. Y por si fuera poco, se llevó un buen botín de los fondos reservados.

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Su delirio cambió de rumbo cuando un periodista navarro, José María Irujo, con familia zaragozana, ató cabos sobre las propiedades que Roldán iba acumulando en Zaragoza, Pamplona y Madrid, y pudo documentarlo gracias a que entonces se permitía acceder a los registros de la propiedad.

Así empezó el ‘caso Roldán’, que dio tanto valor al periodismo como instrumento para denunciar los abusos del poder, una función que merece la pena recordar mientras se celebra con el éxito habitual el XXIII Congreso de Periodismo de Huesca.

Fue una etapa que Alfredo Pérez Rubalcaba -gran exponente de la mucha gente decente que hay en política-, entonces portavoz del Gobierno, recordaba con horror: los periódicos salían cada día con un abuso distinto, en una espiral de casos, con instituciones principales como marco. Siendo todos deleznables, el de Roldán era el que reunía más oprobios. Solo faltó su rocambolesca fuga, allá por abril de 1994, hasta que fue detenido en Bangkok, diez meses después.

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Ha dicho Juan Alberto Belloch, entonces biministro de Justicia e Interior, que con su detención le salvó la vida. Y seguramente tiene razón. En aquellos meses, lo que parecía más probable es que apareciera muerto o no apareciese nunca, enredado como estaba en una trama gobernada por un personaje siniestro, Francisco Paesa. Este ‘agente’ se declaró difunto a través de una esquela de El País, en la que anunciaba unas misas gregorianas por su alma (30, seguidas) en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cuando, en realidad se quedaba con el botín de Roldán: al menos unos 1.800 millones de pesetas (unos 11 millones de euros).

Y sí. Como dice Belloch, sobrevivió, fue juzgado y condenado, y, cuando obtuvo la libertad, volvió a vivir a la casa de su madre de Zaragoza. Poco a poco los zaragozanos se acostumbraron a verlo por las calles, a menudo con una bolsa de El Corte Inglés que casi parecía un amuleto de un hombre que lo había perdido todo. Una etapa que ha finalizado con su fallecimiento, este jueves, en San Juan de Dios, desaparecido ya del imaginario colectivo.

"Todo el que tiene una responsabilidad pública tiene también la obligación de no mirar para otro lado"

De tan larga etapa queda una ácida sensación. Cuando el caso Roldán llenaba los titulares, y cuya dimensión acabó contribuyendo a la derrota del PSOE y a la victoria del PP, todos pensamos que nos vacunábamos contra la corrupción. No ha sido así y, sin quitarle dolo a los delitos de Roldán, los casos se han sucedido y no hace tanto que Mariano Rajoy perdía el gobierno tras las condenas por la financiación ilegal del PP.

También permanece la pregunta: de partida hay una condición humana escasa en valores. Pero, también, un entorno que mira poco. En todos los casos de corrupción que hemos conocido alguien más tuvo que ver algo. Ahora, si bien es verdad que se han desarrollado leyes para reducir los espacios de impunidad, es evidente que los códigos no son suficiente. Todo el que tiene una responsabilidad pública tiene también la obligación de no mirar para otro lado.