Las llamaradas de fuego que salen por la boca del volcán de La Palma mantienen a España y a medio mundo pendientes de la televisión. La pérdida de hogares, de colegios, de carreteras o de plantaciones es el efecto catastrófico de un desastre natural que, a la vez, es un impresionante espectáculo visual que cuesta dejar de mirar. Pero, ¿qué ocurrirá el día en que no miremos tanto? ¿Nos ocuparemos de las víctimas todo lo debido? 

Cada cierto tiempo, asistimos a lluvias torrenciales que arrasan territorios enteros, incendios forestales que calcinan montes y viviendas, o terremotos que destrozan edificios e infraestructuras. Durante días, tanto los medios de comunicación como las autoridades públicas como los ciudadanos en general ponemos toda nuestra atención en lo que ha ocurrido y en las gentes que lo han sufrido. Una oleada de solidaridad recorre el país y las administraciones se comprometen a satisfacer de inmediato las necesidades de los afectados y a resolver la situación de aquellos que han perdido mucho o lo han perdido todo. 

La experiencia nos enseña, sin embargo, que miles de personas ven pasar los días, los meses y los años sin que les lleguen las ayudas prometidas al calor del impacto inicial provocado por las imágenes de la catástrofe. Ocurre que, en ocasiones, los mecanismos para que esas ayudas lleguen con prontitud a quien las necesita están cargados de unas obligaciones burocráticas tan complejas que o las convierten en imposibles o desalientan al que las pretende solicitar. Y, conforme pasa el tiempo, el foco informativo tiende a desaparecer, los políticos empiezan a ocuparse de otras cosas y la ciudadanía vuelve a centrar la atención en sus propios problemas o en otra noticia que provoque su curiosidad. 

No sería mala cosa que hubiera una unidad específica para el seguimiento de desastres que quedaron olvidados

En España disponemos de instrumentos cuya efectividad se demuestra en cada ocasión que lo requiere. La Policía Nacional, la Guardia Civil, el cuerpo de bomberos, los sanitarios o la Unidad Militar de Emergencias son la demostración del buen funcionamiento de nuestros servicios públicos esenciales y del alto grado de profesionalidad y entrega de sus miembros. El problema surge cuando se trata de solucionar otros asuntos legales o económicos. A veces, los procedimientos se alargan durante años. 

No sería mala cosa que las administraciones dispusieran de una especie de unidad específica para el seguimiento de desastres que quedaron olvidados, pero cuyas víctimas siguen sufriendo sus efectos.

Es imprescindible que quienes lo han perdido todo (por ejemplo, en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, o ahora en la erupción del volcán en La Palma) se sientan arropados por los responsables públicos cuando pase el tiempo y ya estemos mirando hacia otro lado.