Carmelo Encinas  Asesor editorial de '20minutos'

Aeropuerto 2021

El Gobierno de Colau ve las diferencias entre ERC y Junts como "el peor bloqueo" a El Prat
Un avión despegando desde el aeropuerto barcelonés de El Prat.
Kike Rincon

Nos pasamos agosto con la vista puesta en el aeropuerto de Kabul y ahora en septiembre la tenemos fijada en el de Barcelona. Los motivos son bien distintos porque aquel drama humano que presenciamos en el aeródromo afgano nada tiene que ver con la polémica suscitada por la frustrada ampliación de El Prat que ha convulsionado la ya convulsa política catalana.

De buscarlo, solo hay un denominador común entre ambos episodios y es la extraordinaria relevancia que por diferentes motivos tienen los aeropuertos en la vida de las ciudades y de la gente, relevancia que ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. Importancia sobre todo económica, porque la riqueza que genera la actividad aeroportuaria alcanza tal magnitud que para algunas comunidades como Madrid supone un 10% del PIB de la región.

El XXI es el siglo de la movilidad y ni siquiera el parón a que obligó la pandemia augura a medio y largo plazo una caída en la curva alcista de tráfico aéreo mundial. En esa idea estaba el proyecto de ampliación del aeropuerto barcelonés con el objetivo de convertirlo en un nudo internacional. Una posición privilegiada con un enorme potencial de generar recursos y puestos de trabajo de alta cualificación. 1.700 millones de inversión del Estado que el Gobierno estaba dispuesto a poner encima de la mesa y negociados con un vicepresidente de la Generalitat de JuntsXCat que no debe hablar mucho con su presidente de ERC. Bastó un tuit de Pere Aragonès poniéndole pegas a lo que su socio había pactado para desatar la oposición frontal al proyecto dentro y fuera del propio Govern hasta acabar con la paciencia del Ejecutivo central.

"De hallarse una solución medioambiental para la laguna de La Ricarda el rechazo a la ampliación de El Prat se mantendría incólume"

Es obvio que en tales circunstancias no pueda avanzar un plan ambicioso que exige cierto consenso político. En su rabieta, el vicepresidente Puigneró, en lugar de abochornarse por el carajal interno del Ejecutivo independentista, no dudó en acusar de deslealtad al Gobierno central por retirar el proyecto, mientras la alcaldesa Colau aprovechaba la situación para presentar la marcha atrás como una victoria personal.

Lo cierto es que en Cataluña hay dos visiones antagónicas de lo que quieren para el futuro de Barcelona, y su aeropuerto es la pieza clave de esa proyección. El empresariado catalán, soberanista o no, y buena parte de la ciudadanía no dudan de los beneficios que genera un plan capaz de aportarle dos puntos al PIB de la región y la oportunidad histórica que comporta. Por el contrario están quienes no quieren una Barcelona compitiendo en movimiento y actividad económica con ciudades como Ámsterdam o Fráncfort, donde su pulso aeroportuario les otorga una posición estratégica en Europa. El ariete de la oposición al proyecto es la afectación en 500 metros de un espacio protegido para el alargamiento de la pista de despegue, aunque es solo el mascarón de proa de su negativa. De hallarse una solución medioambiental para la laguna de La Ricarda el rechazo se mantendría incólume por parte de quienes ven en la actividad aeroportuaria un mal innecesario para una ciudad que ellos consideran alérgica a todo lo que llegue de fuera.

En tales circunstancias no parece fácil que el proyecto de ampliación de El Prat pueda retomarse y prosperar en abierto contraste con los planes para el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, donde se invertirán 1.600 millones de euros para reforzar su competitividad internacional.

Son dos formas distintas de mirar al futuro, pero, cuando las comparaciones por la pérdida de fuelle económico les resulten odiosas, volverán a culpar al centralismo y a Madrid.

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