Ciertos discursos que creíamos ya superados vuelven a colarse en las agendas de algunos órganos de gobernanza de nuestro Sistema Nacional de Salud. Aquellos que formamos parte del sector sanitario empresarial (más de 360.000 profesionales en la patronal ASPE, a la que tengo el privilegio de representar) pensamos que alimentar un enfrentamiento constante entre el sistema sanitario público y el privado debe ser parte del pasado.

El ideario político partidista no debe estar presente cuando de la calidad asistencial de los pacientes se trata en el ámbito de la colaboración público-privada, ni tampoco deben obviarse informes de viabilidad económica ni datos de satisfacción del usuario de la sanidad.

En este contexto, el Tribunal Supremo ha generado jurisprudencia con una sentencia histórica que afectará a todo el sistema concesional público de ahora en adelante en cuanto a la gestión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión privada. Concretamente, el Supremo analiza el recurso de casación contra la reversión del Hospital de La Ribera de Alzira (Valencia) en 2018, por considerar, como así atestigua el Alto Tribunal, que la decisión de no prorrogar la concesión se produjo sin el imprescindible rigor presupuestario y control del gasto público, en detrimento del contenido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Si el fin de la concesión de un servicio público en manos privadas genera sobrecostes, multiplica las listas de espera y se colapsan urgencias y camas de hospitalización - con datos auditados de forma oficial- podemos considerar que la decisión no corresponde con la eficacia del servicio prestado sino por decisiones de índole estrictamente políticas. Cierto es que, en el caso de Alzira, la reversión se produce en una casuística de no renovación del contrato y no de una suspensión unilateral sobrevenida, lo que podemos considerar como un ejercicio legítimo de la administración pública. El debate no está en el derecho del titular a esa decisión sino en si se actÚa en contra de la eficacia de gestión del servicio sanitario.

Esta sentencia (952/2021) es a mi juicio una garantía contra las decisiones no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en estos casos. Deben tomar nota y velar por la eficiencia del servicio al ciudadano, evitando en todo momento que éste se vea condicionado por decisiones puramente de carácter ideológico en contra de la calidad asistencial y el buen funcionamiento de los servicios en concesión. 

Lo cierto es que en demasiadas ocasiones hay decisiones políticas que nos confirman que la ideología se antepone al bien común. Y aquí además nos topamos con otra realidad que lenta pero machaconamente algunos quieren consolidar: la colaboración público-privada (y por derivada, el sistema concesional) es un proceso de privatización encubierta. Falso mensaje a la ciudadanía que no responde en absoluto a la realidad.

El modelo concesional contemplado en la Ley General de Sanidad de 1986 ha permitido el desarrollo de una complementariedad y colaboración público-privada que ha demostrado ser un instrumento indispensable para cubrir aquellas necesidades asistenciales a las que no puede llegar el sistema público.

Los conciertos sanitarios, presentes en la región valenciana desde 1999, han contribuido a elevar la calidad y opción asistencial del conjunto de la ciudadanía. La ideología no debe ocupar el espacio central de la gestión sanitaria, sino que debe situarse al paciente como núcleo de ese sistema para ofrecer una asistencia integral y un mejor uso de los recursos. Como tal, debemos exigir que desde los órganos de gobernanza se haga un análisis serio que permita evaluar de forma objetiva si una concesión funciona o no, y no aludir únicamente a un criterio de acuerdo político de Gobierno para revertirla.

Desde la patronal de la sanidad privada seguiremos abogando por una actitud constructiva, que reconozca la capacidad del sector privado, como parte integrante del Sistema Nacional de Salud, para fortalecer la sanidad española y que se avance en la colaboración público-privada en beneficio del paciente.

Cuando a la propia consejera de Sanidad valenciana, Anna Barceló, le preguntan por los motivos para revertir el modelo, si la gestión vía concesiones es más eficiente que la pública, admite que “la eficiencia no depende de la titularidad”. Estamos de acuerdo y, añadimos: la calidad asistencial tampoco.