"He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país". Así de tajante se mostraba el alto relator de pobreza de Naciones Unidas cuando hace algo más de un año visitaba España y denunciaba que el Estado le estaba dando la espalda a una gran parte de la población. Al menos a cinco millones de personas, que son las que se calcula que viven en la pobreza severa.

"Prácticamente 600.000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso"

Pocos meses después se aprobaba el ingreso mínimo vital (IMV), una ambiciosa política de protección social llamada a darle la vuelta a la tortilla y que salió aprobada en el Parlamento sin votos en contra. En el aniversario de su aprobación y cuando aún se debate en el Congreso el texto legislativo final, toca echar la vista atrás y evaluar cuánto se ha revertido la situación y qué hay que cambiar para maximizar el potencial de esta política pública y cumplir las expectativas que muchos habíamos puesto en ella.

Dos son los principales cambios que desde Oxfam Intermón nos gustaría que se incluyesen. El primero es el incremento de los umbrales y las transferencias que se hacen a los hogares. Si estos son muy bajos, quedarán fuera familias que viven en pobreza severa y los hogares receptores no verán cubiertas todas sus necesidades básicas. El segundo es el mecanismo por el que se calcula si un hogar puede o no acceder al IMV. Ahora se usan los datos fiscales del año anterior a la solicitud del IMV. Pero la pobreza no avisa, y que haya que esperar meses para poder demostrar que se vive en ella es innecesario en un país en el que prácticamente 600.000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso.