El viernes, Pere Aragonès no superó la primera votación de la investidura y, previsiblemente, tampoco lo hará este martes. Le apoyarán de nuevo los suyos y los diputados de la CUP, pero no los del partido de Carles Puigdemont. A los anticapitalistas les prometió políticas muy de izquierdas, por encima de las competencias y recursos autonómicos, y someterse a una moción de confianza dentro de dos años. 

El portavoz de Junts, Albert Batet, le pidió que renunciase a presentarse hasta que ambas formaciones hayan alcanzado un acuerdo de legislatura. Fue un consejo falaz porque sabe que ese aplazamiento no es posible según el reglamento del Parlament. Si este martes el republicano Aragonès vuelve a ser humillado por sus socios, el clima de tensión acabará reproduciendo el de la pasada legislatura. Por ahora una repetición electoral parece poco probable, pero en Junts no tienen prisa y van a hacerle sudar la investidura para cobrarse algunas cuentas pendientes e imponerle duras condiciones.

En Junts no tienen prisa y van a hacerle sudar la investidura para cobrarse algunas cuentas e imponerle duras condiciones

Puigdemont no ha perdonado que el anterior presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, se rindiera en 2018 a la prohibición del Tribunal Constitucional de investirlo telemáticamente. Tres años después, el resentimiento sigue vivo y Batet reprochó a los republicanos su falta de coraje y les recordó que Puigdemont es el president "legítimo". Tampoco les ha gustado nada que hayan cerrado primero un acuerdo con la CUP cuando los socios imprescindibles son ellos. Creen que les han querido condicionar y ahora se la van a devolver doblada. Después vienen los problemas de verdad. Primero, sobre la estrategia independentista (mecanismos de decisión, posible nuevo referéndum y calendario) y, segundo, sobre la estructura del Govern y el reparto del poder.

Junts exige que sobre el fantasmagórico Consell per la República, domiciliado en Waterloo, recaiga la toma final de decisiones a fin de maniatar al Govern Aragonès y recortar la estrategia pragmática de ERC en el Congreso. En este capítulo se dirime también el papel de Puigdemont, que no quiere ser enterrado y pide un acto de vasallaje de los republicanos. Las diferencias y recelos son enormes, pero la imaginación obrará milagros si quieren un acuerdo. Después viene el problema del reparto de consejerías y del presupuesto de la Generalitat.

Entre otras rivalidades, hay una lucha entre ERC y Junts para atribuirse la responsabilidad de la parte autonómica de los fondos Next Generation asignados por la UE. En definitiva, los partidos independentistas se sienten obligados a gobernar juntos, lo contrario sería poner punto y final al procés, pero en su tóxica relación se intercambian golpes y puñaladas. Y ya saben el dicho: lo que mal empieza, mal acaba.