No son extraños en política los movimientos pendulares: que un dirigente político pase de defender una posición a sumarse a la contraria en horas veinticuatro, como diría el clásico. Ocurre en todos los países. En España también hemos asistido a virajes y cambios bruscos de criterio durante esta crisis sanitaria. 

Esas decisiones contradictorias, y hasta espasmódicas, se sustentan sobre la razonable excusa de una calamidad imprevista y sobrevenida. Pero superada esa fase de sorpresa y desconcierto ante una novedad como era el coronavirus en febrero y marzo, es menos justificable el bandazo que se ha producido desde el mes de junio.

El día en el que se levantó el estado 
de alarma, el Gobierno central pasó de controlar todo a no querer controlar nada

El día en el que se levantó el estado de alarma, el Gobierno central pasó de controlarlo todo a no querer controlar nada. El presidente de la Junta de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García Page, lo ha definido con sorna diciendo que, de repente, el Ministerio de Sanidad se ha convertido en un "comentarista"" de la epidemia: un organismo que ve lo que pasa a su alrededor y se limita a glosarlo.

Tiene razón el Gobierno cuando dice que las comunidades autónomas son las competentes en materia sanitaria. Tiene razón cuando recuerda que fue la oposición la que se negó a aprobar nuevos estados de alarma. Y también tiene razón cuando asegura que sin estado de alarma el Gobierno central no puede adoptar determinadas decisiones.

El Ministerio de Sanidad se ha convertido en un "comentarista" de la epidemia, 
ve lo que pasa y se limita a glosarlo

Pero, aunque no esté vigente el estado de alarma, Moncloa sí tiene competencias para mantener un cierto control sobre las decisiones sanitarias y para una mínima coordinación con las comunidades autónomas con el fin de evitar la realidad que vivimos estos días: que cada territorio está en el "sálvese quien pueda"; que comunidades limítrofes que tienen un mismo problema de rebrotes toman sus decisiones por separado, sin coherencia entre ambas. Es tan inconveniente como que dos comunidades autónomas se enfrenten por su cuenta, sin aunar esfuerzos, a un incendio forestal que afecta a las dos.

Cuando se produce un brote aislado en un lugar concreto, puede resultar lógico que sea el gobierno autonómico el que tenga la principal responsabilidad para atajarlo. Pero cuando los brotes aparecen por todo el país y sus causas son similares en casi todos los casos (ocio nocturno, fiestas familiares, zonas de trabajo de temporeros…), resultaría adecuado que el Gobierno central, en coordinación con las autonomías, estableciera líneas básicas comunes de actuación.

Pedro Sánchez se reunirá este viernes con los presidentes autonómicos (los que quieran asistir). Las comunidades con mayor presencia nacionalista se negarán a que el Estado vuelva a meter mano en lo que ellos consideran sus asuntos. Pero el virus no atiende a límites territoriales.