Hace unas semanas, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, explicó que los presos independentistas habían recibido en los seis meses que estuvieron en cárceles catalanas, antes de ser trasladados a Madrid para el juicio, la friolera de 2.300 visitas, sin contar las de sus familiares y abogados. Es decir, cada uno recibió de media una visita al día, de lo que se desprende que han sido los presos más visitados del mundo. Tras su retorno, han continuado recibiendo un insólito número de visitas, a las que hay que añadir las muchísimas entrevistas que han concedido hasta hoy a los medios de comunicación. Casi no hay semana en la que no haya una en prensa, radio o televisión. Todo ese trajín altera y desvirtúa el régimen de prisión. Es indudable que Oriol Junqueras sigue ejerciendo de jefe en ERC desde la cárcel de Lledoners, convertida en centro de peregrinación. Por mucho que se quiera negar, esos presos se benefician de un trato preferente, atípico, también en cuanto a sus condiciones de vida, gracias a que el sistema penitenciario depende de la Generalitat.

Esta semana, Jordi Turull y Josep Rull también podrán salir a diario de la cárcel. Ahora todos los líderes del procés disfrutan ya de un régimen flexible que les permite entre semana ir a trabajar, a hacer de voluntarios o a cuidar a un familiar. Llama la atención la rapidez del permiso tratándose de presos con condenas tan elevadas y cuando hace solo dos meses fueron clasificados en segundo grado y no en tercero. Nada de eso es ilegal porque la aplicación del reglamento penitenciario lo permite, pero es evidente que están recibiendo un trato preferente del que no se benefician el 95% del resto de los reclusos, según la propia Generalitat. Veremos qué dice la Audiencia de Barcelona ante las protestas de la Fiscalía. En cualquier caso, la aplicación de la sentencia del procés está siendo muy indulgente. Ahora Gabriel Rufián rechaza rebajar las penas por sedición en el Código Penal a cambio de ampliar otros delitos contra la Constitución, como está estudiando el Gobierno, porque eso "condenaría a la siguiente generación de independentistas que quieran emprender otro tipo de procesos". Lo que certifica que, aunque de otro forma, piensan en volver a hacerlo.