Más allá de la exigencia de unas responsabilidades políticas que ya se dirimieron en su momento con la bajada a los infiernos de la opinión pública de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, conviene que hagamos un ejercicio de realismo a la hora de calibrar las consecuencias de la primera sentencia del caso de los ERE.

El fallo de la Audiencia Provincial lastra al PSOE andaluz hasta unos niveles difíciles de soportar en su ejercicio de oposición al gobierno de PP y Ciudadanos en San Telmo. A punto de cumplirse un año de la victoria más amarga del socialismo andaluz en unas autonómicas, la digestión de la salida se ha cortado en seco por una sentencia de efectos políticos aún más demoledores que los vividos tras el dos de diciembre de 2018.

En política, siempre sale el sol después de la tormenta por muy agresiva que ésta sea, pero esta borrasca que nació hace casi dos décadas en la Consejería de Empleo de la Junta tiene aspecto de anclarse y hacer estragos entre Huelva y Almería durante al menos un par de años más. Y no porque haya que esperar a que se resuelva en el Tribunal Supremo el recurso de casación que presentarán las defensas de los ya condenados, sino porque hay que juzgar otras 186 piezas más de este caso.

Y eso significa que muchos van a tener otras 186 oportunidades más de refregarle al PSOE andaluz actual unos hechos acontecidos entre 2000 y 2010, algunos de ellos, en especial los ligados al director de Empleo Javier Guerrero, trufados de una picaresca cutre y casposa que avergüenza a todo el que se acerque a ellos.