La Covid-19 está haciendo las veces de un espejo estupendo para sacarnos las vergüenzas. Cada día aparecen noticias en medios que recogen las historias de familias a las que el confinamiento está obligando a comer una vez al día, y a las que el Estado no está sabiendo proteger. ¿Cómo apoyamos a los hogares vulnerables, dependientes de sacar migajas de la economía informal, si carecemos de un sistema de protección social capaz de llegar a los más débiles?

Si nos comparamos con otros Estados europeos, descubrimos que somos una anomalía en la forma en la que luchamos contra la pobreza: somos el único país de la UE sin una renta estatal similar al Ingreso Mínimo Vital que el actual Gobierno se ha comprometido a lanzar en mayo. Siguiendo con comparaciones, de los 27 Estados miembros, ocupamos el triste puesto 22 en capacidad de reducir el porcentaje de población viviendo en pobreza por transferencias públicas.

"La puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital es más perentorio que nunca"

La crisis de 2008 dejó una herida social que no hemos sabido sanar; familias de clase media-baja cayeron en la pobreza y no hemos vuelto a niveles de pobreza precrisis.

Los años de recuperación y crecimiento debían haberse empleado para tejer una última red de protección para todos y todas; sin embargo, ha llegado la Covid-19 y no tenemos los deberes hechos. Oxfam Intermón calcula que con una inversión adicional de unos 6.000 millones de euros podríamos acabar con la pobreza severa. Puede parecer una gran cantidad, pero es la décima parte de lo usado para rescatar a la banca.

La puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital, bien diseñado para llegar a todos los hogares en necesidad y favorecer su inserción en el mercado laboral, es más perentorio que nunca si no queremos ser una sociedad más polarizada cuando todo esto acabe.