En los últimos días, la derecha política de este país ha emprendido una nueva campaña —otra más— contra las medidas sociales que el Gobierno de España ha dado a conocer recientemente, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

No por esperada, no deja de ser ciertamente lamentable la actitud de la oposición en nuestro país en estos momentos. Una oposición con la que no se puede contar para prácticamente nada, y que no deja de poner palos en las ruedas del progreso y de la recuperación económica y social de España tras la pandemia que sufrimos.

El anuncio de la puesta en marcha de una ayuda económica para facilitar el acceso al alquiler de viviendas, y a determinados servicios y productos culturales para jóvenes, ha provocado una auténtica catarata de improperios y de mentiras por parte, principalmente, de dirigentes del Partido Popular y de VOX, en una muestra más de la escasa altura de miras y de sentido de estado que lastran a la derecha política española.

La misma derecha que brama ante estas ayudas destinadas a uno de los grupos sociales que más han sufrido las consecuencias de las crisis del 2008 y del Covid-19, es la que se opuso a la aprobación de los Fondos Europeos de Recuperación, que además de servir de apoyo financiero para estas medidas, son una realidad, y están disponibles para nuestro país gracias al gran trabajo llevado a cabo por el Gobierno, que ha sido reconocido por la propia Bruselas.

El bono para facilitar el acceso al alquiler de viviendas es una herramienta más que necesaria para la población juvenil española. El acceso a una vivienda, y por ende a la emancipación personal, se convierte en una tarea ardua y en ocasiones inabordable para los y las jóvenes, habida cuenta de la precariedad laboral que sufren en su inmensa mayoría, y a los exorbitados precios de estos alquileres en muchas ciudades españolas.

Las dificultades de acceso a la vivienda no solo suponen una evidente vulneración de nuestra Constitución, que en su artículo 47 reconoce el derecho de acceso a una vivienda digna, sino también un auténtico freno a las posibilidades de desarrollo personal de millones de personas, y por tanto afectan directamente a toda nuestra sociedad.

Por otro lado, el bono de acceso a la cultura promovido por el Gobierno pretende dar respuesta a una realidad también incuestionable: la necesidad de facilitar el acceso a la cultura a una buena parte de nuestra población, dando así posibilidades de crecimiento a un sector económico importantísimo que se ha visto lastrado por diferentes circunstancias en los últimos años, y muy especialmente golpeado por las imprescindibles medidas de restricciones sanitarias que se han tenido que establecer por el avance de la pandemia.

El ruido generado por la derecha española ante estas medidas son una evidencia de su nula capacidad a la hora de empatizar con los sectores sociales más desfavorecidos y necesitados. Baste recordar la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha declarado ilegal la venta de miles de viviendas del parque público a un fondo de inversión en el año 2013, que realizó el Gobierno madrileño del Partido Popular.

Mientras los conservadores especulan con un derecho constitucionalmente reconocido, el Gobierno de coalición interviene y toma medidas para paliar las evidentes deficiencias existentes en el mercado de alquiler de viviendas, sin menoscabar en ningún caso el derecho a la propiedad, tratando de ayudar a quienes menos posibilidades tienen de ejercer esos derechos, y permitir que lo puedan hacer en pie de igualdad con quienes sí pueden. La diferencia es abismal.

España cuenta, para superar definitivamente las consecuencias de las crisis de 2008 y del COVID-19, con el firme apoyo de la Unión Europea, y debemos seguir la senda de la recuperación de la mano de la modernización digital, del teletrabajo, de la concienciación ecológica, de la igualdad, de la justicia social, de la revalorización de las pensiones, del acceso en condiciones dignas y justas a la vivienda, y sobre todo sin dejarnos a los y las más vulnerables en este trayecto.

La alternativa la conocemos de sobra, y en ese sentido las palabras del líder popular, Pablo Casado, asegurando que "quien tiene trabajo y nómina accede a un alquiler" son lo suficientemente ilustrativas de la posición política del PP sobre este asunto, y la ignorancia supina de su líder sobre los problemas reales de la sociedad española.

España es un país con un relevo generacional difícil, y toda inversión en los jóvenes, especialmente en mujeres, es una prioridad absoluta en la agenda política de este Gobierno. Por eso en los presupuestos de la recuperación justa se recoge un 46% más de recursos para el acceso a la vivienda, 2.199 millones de euros en becas, 2.075 millones para la Formación Profesional y 210 millones destinados al Bono Joven cultural. En su conjunto, las políticas de juventud contarán con 12.550 millones de presupuesto, más del doble que en el ejercicio anterior.

Afrontamos el último trimestre de este 2021 con la esperanza puesta en que los buenos augurios económicos se cumplan en el año 2022, dejando atrás las funestas consecuencias provocadas por la pandemia en materia económica y social, y todo ello con el aval de las instituciones europeas (mal que le pese a Pablo Casado), y el trabajo y denodado esfuerzo que está llevando a cabo de manera encomiable toda la sociedad española. Ayudando a nuestros jóvenes sembramos para disfrutar en el futuro de una sociedad más abierta, justa e igualitaria. Ese es el objetivo, y entre todos y todas lo conseguiremos.