La querella lingüística en Cataluña estaba agotada y parecía inamovible. Unas cuantas familias valientes reclamaban ante la Justicia que sus hijos pudieran recibir algo de castellano. No pedían toda la escolarización en su lengua materna, sino solo algunas asignaturas. Particularmente recibían satisfacción a sus demandas, pero pagaban el precio de una fuerte estigmatización social que les obligaba a veces a cambiar de escuela e incluso de localidad. La polémica cansaba porque el debate no era pedagógico sino casi religioso. Para los nacionalistas, cuestionar la llamada inmersión lingüística, era atacar al catalán. Con el tiempo, el arduo trabajo de entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha dado sus frutos, y ahora estamos en un momento de cambio. Finalmente, la Generalitat no ha tenido más remedio que adecuar la ley de política lingüística a la sentencia del TSJC, ratificada por el Supremo, que obliga a impartir un mínimo del 25% en castellano. La escuela solo en catalán, camuflada bajo la tramposa etiqueta de inmersión lingüística, va a dejar paso a un modelo ya que no excluye al castellano para el aprendizaje de materias troncales.

El Govern niega en sus declaraciones que esté acatando, pero con esa modificación abre la puerta a lo que pide la Justicia

La semana pasada PSC, ERC, Junts y Comunes presentaron una proposición de ley de "lectura única y urgencia extraordinaria" con el objetivo de cumplir, aunque sin decirlo, con el TSJC. Que el castellano puede ser utilizado como lengua vehicular y de aprendizaje marca una diferencia sustantiva con lo anterior. Se afirma que la enseñanza en las lenguas oficiales tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos de cada centro. Punto final a la inmersión lingüística. La ley no habla de cuotas, y el Govern niega en sus declaraciones que esté acatando, pero con esa modificación abre la puerta a lo que pide la Justicia. Obedece sin decirlo, y sin decirlo hace suya la posición del PSC. Lo peor es que pasa la responsabilidad última a los centros educativos: son los directores los que se enfrentan a una posible inhabilitación en caso de incumplir con la sentencia del 25%.

A las pocas horas Junts se desmarcó del acuerdo, la CUP denunció el abandono de la inmersión y tanto Òmnium Cultural como la ANC pusieron el grito en el cielo. En el lado constitucionalista no todo el mundo está contento, entidades como la propia AEB tachan el cambio de ambiguo. Querrían que se recogiera literalmente el mínimo del 25% y temen que haya trampa en su aplicación, teniendo que volver a litigar centro a centro. Falta por ver qué dirá el TSJC a las explicaciones que el Govern le remitió el pasado viernes sobre cómo ejecutar una sentencia de obligado cumplimiento. En cualquier caso, estamos ante un antes y un después.