La situación penitenciaria de los presos del procés se está convirtiendo en una molesta piedra en el zapato para el Gobierno de izquierdas. Los condenados no volverán a casa por Navidad ni tampoco antes de las elecciones catalanas previstas para febrero. A las puertas del pasado puente festivo, el Tribunal Supremo les revocó el tercer grado al considerarlo prematuro y sin justificación.

La resolución reprocha muy duramente a la Generalitat estar utilizando los beneficios penitenciarios para rebajarles las condenas a través de un trato privilegiado. El varapalo jurídico es de aúpa y el rechazo a su semilibertad era más que previsible porque los presos fueron condenados a penas elevadas de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera la cuarta parte. 

El independentismo reaccionó con cólera, afirmando que se trataba de un acto de «venganza» del tribunal presidido por Manuel Marchena, y con las habituales descalificaciones hacia España. Pero en ERC el revés del Supremo lo daban por descontado, y de haberse anunciado unos días antes su voto favorable a los Presupuestos no hubiera cambiado.

El PSOE sabe que se la juega ante 
una parte de sus votantes si esa medida 
de gracia [el indulto] acaba siendo 
una amnistía encubierta

Tampoco la vía de la reforma del Código Penal será tan rápida como querría el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, ni parece que vaya a eliminarse el delito de sedición. No será fácil que los dos socios en el Gobierno consensúen el texto que está ultimando el ministro socialista Juan Carlos Campo, ni está claro que vaya a contar con el apoyo de los independentistas. 

Se da por descontado que rebajará las penas por sedición, pero también podría endurecer el delito de desobediencia cuando se incumplan las órdenes del Tribunal Constitucional. La reforma fracasaría sin el voto de los soberanistas y con la oposición anunciada de las derechas.

En cuanto al indulto, es más fácil de anunciar que de hacer. No hay precedentes de que el Gobierno actúe en contra de la opinión del tribunal sentenciador, y aunque en este caso la decisión sería plenamente política, es difícil que vaya a aprobarse un indulto general e igual para los nueve presos del procés. El PSOE sabe que se la juega ante una parte de sus votantes si esa medida de gracia acaba siendo una amnistía encubierta.

Una vez aprobados los Presupuestos y a las puertas de las elecciones catalanas, para los socialistas el tema de los presos independentistas es un asunto espinoso de gestionar. Tanto sus socios en el Gobierno como ERC les van a apretar para que de una forma u otra salgan pronto en libertad, pero en la Moncloa dudan mucho de que sea conveniente excarcelarlos antes de que Junqueras y el resto de los condenados accedan de verdad al tercer grado. Y para eso todavía falta tiempo.