A veces las cosas son lo que parecen y la enmienda que elimina la mención del castellano como lengua vehicular en la nueva ley de educación es una concesión del PSOE a ERC para que vote los Presupuestos con el apoyo entusiasta de Unidas Podemos, cuyo portavoz, Joan Mena, es un forofo de la inmersión lingüística. 

A los republicanos les permite vender de cara a las elecciones autonómicas que han blindado la ‘escuela catalana’, es decir, el modelo de ‘solo en catalán’, excepto las asignaturas de inglés y castellano, claro está.

En realidad, el debate es una cortina de humo porque en las aulas catalanas no va a cambiar nada. Como tampoco sirvió de nada la ley del PP, la Lomce, en la que se introducía «el derecho a recibir enseñanza en castellano» y se afirmaba su condición de lengua vehicular en toda España. Por desgracia, en este tema llueve sobre mojado. Las asociaciones que defienden el bilingüismo escolar en Cataluña tienen razones para el enfado porque los derechos lingüísticos siguen sin atenderse.

Los derechos lingüísticos siguen 
sin atenderse en Cataluña

Pedagógicamente no se sostiene que en los territorios con dos lenguas oficiales el modelo educativo sea monolingüe. No se promociona el bilingüismo enseñando solo en una lengua. Afirmar que garantiza el pleno dominio del castellano, lengua que se extranjeriza y margina, es faltar a la verdad. Vean si no el deficiente nivel de algunos diputados independentistas de la Cataluña interior educados en la inmersión. 

Para Josep Lluís Carod-Rovira, un referente ideológico de ERC, el objetivo es que «el catalán sea la lengua pública y común, y en casa que cada uno hable buenamente lo que quiera». O sea, como con Franco, pero al revés.

En Cataluña hay una clara vulneración de derechos y por desgracia ni este Gobierno ni el anterior ni ninguno ha hecho nada 

Los que somos catalanohablantes y hemos defendido siempre nuestros derechos no podemos permanecer indiferentes ante un modelo que es malo para todos. La Generalitat se niega a implementar el 25% de horas lectivas en castellano que el TSJC estableció como criterio general, pero que las familias han de pelear ante la justicia cada una, particularmente. Es desalentador por lento y porque primero tienen que enfrentarse con las direcciones de sus centros educativos.

En Cataluña hay una clara vulneración de derechos y por desgracia ni este Gobierno ni el anterior ni ninguno ha hecho nada. Los nacionalistas han ido consolidando sus posiciones gracias al mercadeo de votos en el Congreso. Ante la inacción en España, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha acudido al Parlamento Europeo para que investigue y pida explicaciones tanto a la Generalitat como al Estado. Ahora bien, hay que ser conscientes de que las cosas solo cambiarán el día que haya en el parlamento catalán una mayoría política que ponga sensatez a un debate cargado de emociones e ideología.