Iniciamos la Semana Santa con la impactante noticia de la desarticulación en Girona de una red internacional de proxenetas que marcaba a las mujeres con tatuajes para que las otras organizaciones rivales supieran que eran de su propiedad. En paralelo, la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba que el PSOE iba a presentar pronto una legislación contra la trata y la prostitución. En las próximas semanas veremos hasta qué punto la dirigente socialista habla en serio o si solo trata de marcar perfil frente a sus socios de coalición, que tienen en este asunto una posición mucho más dividida entre los partidarios de regular el libre ejercicio de la prostitución y los que apuestan por abolir la compraventa de sexo, postura esta última que es mayoritaria en el PSOE.

Se trata de un debate muy pertinente porque resulta contradictorio que el gran avance en la igualdad y la dignidad de las mujeres en España choque con la existencia hoy de una actividad que es sustancialmente una forma brutal de explotación y hasta de esclavitud. Los datos sitúan a nuestro país como el primer lugar en Europa en número de prostíbulos, y ciudades como Madrid o Barcelona se han convertido en focos de un turismo sexual que mueve cifras económicas de vértigo en beneficio de los proxenetas.

"Los datos sitúan a nuestro país como el primer lugar en Europa en número de prostíbulos"

Superada hace tiempo la mirada edulcorada sobre los burdeles que cultivó determinado tipo de literatura, el negocio de la prostitución aparece como lo que es: una vulneración flagrante de los derechos humanos.

La postura regulacionista para dar derechos laborales a las prostitutas, partiendo de la base de que es un oficio que se ejerce libremente, podría ser atendible si no fuera porque ha sido superada abrumadoramente por la realidad de las mafias y la delincuencia. En España, según todos los estudios, la inmensa mayoría de las prostitutas son extranjeras provenientes de países pobres, sin recursos ni formación, y que en un porcentaje elevadísimo han sido primero objeto de trata.

Abolir la compraventa de sexo no va a solucionar a corto plazo todo el problema, pero su abolición aparece como la medida más efectiva para luchar contra la explotación sexual, al tiempo que lanza un mensaje educativo rotundo, dirigido sobre todo a los varones jóvenes, de que el cuerpo de las mujeres no está en venta y que su consumo va a ser perseguido. En paralelo, los poderes públicos tendrán que ofrecer alternativas laborales de verdad a esas mujeres que en más de un 80% dicen que querrían dejar la prostitución. No hacerlo sería arrojarlas a un submundo peor. Si en el siglo XIX se abolió legalmente la esclavitud y en el XX se la erradicó prácticamente de todo el mundo, hacer lo mismo con la trata y la explotación sexual ha de ser el objetivo del XXI.