Hacia una economía de guerra

Sebastián Molinero Secretario General de AndimacOPINIÓN
La UME interviene en una Residencia de mayores de La Zubia (Granada)
La UME interviene en una residencia de mayores de La Zubia (Granada)
EP

El contexto actual y sus implicaciones resultan desgraciadamente más comprensibles desde una aproximación al concepto de “economía de guerra”. La crisis sanitaria va a suponer una parálisis casi total de la actividad económica, que se va a prolongar durante semanas en su escenario más grave. Para combatirla, el Gobierno ha aprobado el mayor plan de choque de la historia de la democracia, ya que se movilizarán hasta 200.000 millones de euros.

A corto plazo, no es un problema de sectores y debemos trasladar una visión que atienda a todos los agentes económicos para evitar problemas mayores. Además, debe entenderse que el coste social se multiplicará, agudizará y prolongará si no se evita la quiebra de buena parte del ecosistema empresarial. Y el tejido empresarial constituye la única biodiversidad sobre la que se puede construir el Estado del Bienestar.

Es cierto que se creará una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros para facilitar la liquidez a las pymes. Pero es que, en palabras del presidente Sánchez, debe hacerse lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta para evitar la destrucción del tejido empresarial saneado en un contexto en el que se ha roto la relación oferta y demanda por factores exógenos a la evolución natural de la actividad productiva y económica.

Casos de coronavirus 19 de marzo
Casos de coronavirus 19 de marzo
Henar de Pedro
Se tendrían que amortiguar de forma drástica las obligaciones de gasto a todos los niveles: laborales, tributarios, contractuales, financieros…

No hay oferta ni demanda porque han desaparecido las condiciones de mercado. Sin embargo, esta realidad no es de suma 0. Y este debiera haber sido el objetivo principal de las medidas a adoptar. 

Para ello, se tendrían que amortiguar de forma drástica las obligaciones de gasto a todos los niveles: laborales, tributarios, contractuales, financieros… No es un problema de una serie de sectores, es una fase de cese generalizado de actividad durante un periodo transitorio, pero de duración incierta.

Hoy en día, las medidas que se apliquen deben tener también una previsión de escenarios que eviten riesgos morales de consecuencias impredecibles. No pueden generarse ganadores y perdedores en un problema que afecta a todos por igual.

Vamos a tener que hacer frente, en buena parte de las economías de Occidente, a un “plan Marshall” de contención y reactivación que evite la destrucción del modelo económico y social

La solución es cosa de todos y todos debemos comprometernos en la solución, y en el compromiso con esta solución también se verán afectadas generaciones futuras. En cierto modo vamos a tener que hacer frente, en buena parte de las economías de Occidente, a un “plan Marshall” de contención y reactivación que evite la destrucción del modelo económico y social.

La rambla Guipúscoa de Barcelona en pleno decreto de confinamiento.
La rambla Guipúscoa de Barcelona en pleno decreto de confinamiento.
MIQUEL TAVERNA

El Estado somos todos es un buen principio de partida, porque ayuda a evitar el riesgo de un modelo en el que todos somos del Estado. Sólo de este modo podremos mantener el equilibrio entre la necesidad de un proceso de intervención intensiva del Estado en la actividad económica a corto plazo y la retirada de los procesos intervencionistas al derivarse la carga a través de un modelo de solidaridad entre todos los españoles, empresas, trabajadores, administraciones. 

El Estado asume el coste, pero el Estado somos todos y es de todos el compromiso de retorno a través de la recuperación de la actividad económica como agentes privados.

No sólo una gran parte de la actividad económica privada se queda sin actividad, también una parte creciente del sector público

Por este motivo, vemos oportuno plantear medidas excepcionales basadas en conceptos de solidaridad y limitación del riesgo moral. Medidas que, además, sirven para liberar recursos que derivar a las acciones de urgencia. No sólo una gran parte de la actividad económica privada se queda sin actividad, también una parte creciente del sector público.

Para más inri, la actividad económica española posee un elemento de distorsión que va a dañar más si cabe a las pequeñas y medianas empresas, especialmente. Y es que, debido a los retrasos en los pagos por incumplimiento de la Ley de morosidad, el mayor riesgo para muchas empresas residirá en las deudas vivas y el shock de impagos. De ahí que esa anunciada línea de liquidez debiera atender estas necesidades porque la morosidad, en la práctica, va a significar un inicio del shock 90 días antes del 16 de marzo.

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