Del cero al infinito, con un aire de 'sálvese quien pueda' hasta que todas fueron estableciendo sus medidas en una especie de pasarela autonómica de tendencias antiCovid. Así ha sido el papel de las comunidades en la gestión de la pandemia. Nulo durante las primeras semanas de mando único, hasta que se arbitraron las reuniones de la Conferencia Interterritorial de Sanidad. Y prácticamente total desde el final del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, cuando el Gobierno les aseguró que tenían instrumentos suficientes para dictar medidas restrictivas contra la expansión del virus. Puesto que afectan a derechos fundamentales, el plácet final dependía de los tribunales superiores de justicia, que han dictado en estos días resoluciones contradictorias. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, pudo seguir bajo el toque de queda, pero no Canarias y Baleares, esta última por resolución del Tribunal Supremo.

La semana pasada, Sanidad dio un volantazo que busca devolver el control al Gobierno y restablece el "semáforo" para limitaciones de obligado cumplimiento, según la ministra Darias, pero no según varios gobiernos autonómicos, que se han rebelado —Madrid, País Vasco, Andalucía o Galicia mientras La Rioja se lo piensa y Cataluña, Castilla y León y Andalucía también se oponen—. Tras la "militarización" de la pandemia, en marzo de 2020, cuando Pedro Sánchez planteó la gestión de la pandemia como una guerra contra el virus, se ha pasado a una autonomía bajo control judicial y, ahora, a una imposición sin acuerdo.

La coordinación que la oposición reclamó al Gobierno ha llegado tarde y envuelta en mensajes confusos. Las medidas acordadas en el último Consejo Interterritorial de Sanidad suponen, en algunos casos, un retroceso en el régimen de la hostelería muy difícil de ser comprendido por los ciudadanos. Máxime cuando los contagios disminuyen, aunque con cifras dispares por territorios, la vacunación avanza a muy bien ritmo, el pasaporte de inmunización se estrena esta semana y España se muestra ansiosa por recibir turistas y superar el mazazo sufrido la temporada pasada. Es cierto, a la vez, que no la incidencia acumulada no baja del entorno de los 120 casos. Este sábado se ha comunicado el fallecimiento de 23 personas por el virus. Las UCI están ocupadas al 12%. Tres provincias experimentaron ayer un repunte de casos. Y asoman nuevas variantes. Por eso, las pruebas diagnósticas, el control del aire de espacios interiores, el control de aforos, el uso de mascarilla… son una herramienta imprescindible para compatibilizar apertura con prevención.

La rebelión de las autonomías contra la normativa aparecida este sábado en el BOE ha tenido un precedente expresivo, no político sino social, en la negativa espontánea de los vacunados con la primera dosis de Astrazeneca a inyectarse otra diferente en la segunda vuelta. No ha ocurrido en ningún otro país de Europa y no ha sido inducida por intereses inconfesables de los medios de comunicación o los políticos, como afirmó el portavoz Fernando Simón. Simplemente, los ciudadanos percibieron una contradicción entre la consigna de Sanidad y lo que dictaban la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud.

Transmitir coherencia, evitar que los jueces ejerzan un papel de árbitro que no les corresponde y buscar el máximo consenso debería ser un objetivo irrenunciable en lo que parece la recta final de la pandemia. ¿Ayudaría que el presidente del Gobierno convocara la Conferencia de Presidentes pendiente?