Está en el debate público de los últimos días la propuesta de lo que se ha venido a llamar “descentralizar la Administración General del Estado”.

En este sentido creo importante posicionarse claramente a favor de este proceso de reflexión y análisis político y económico, un debate serio y que avance en el reparto de algunas instituciones estatales en diferentes puntos de la geografía española.

El Gobierno defiende descentralizar instituciones de Madrid: "La mayoría de los españoles lo quieren"

Al contrario de lo que sostienen aquellos que tienen una visión excluyente de la Constitución y de España, este proceso de descentralización es un paso en la dirección correcta para el fortalecimiento mismo del Estado. Es lo que yo calificaría como un proceso necesario de “compartir España”.

Más de 40 años después de la aprobación de la Constitución española, en lo que supuso el principal pacto político de nuestra democracia, no hay muchas razones para hurtar o aplazar el dar otros pasos para reforzar el Estado, así como reforzar el compromiso común con nuestras instituciones y nuestra democracia. No hacerlo, negarse siquiera a abrir el debate e incluso arrogarse para uno mismo la esencia de la soberanía, como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, es asfixiar la Constitución por constreñimiento.

Al margen del debate particular, por ejemplo, sobre que Salvamento Marítimo tenga su sede principal a 360 kilómetros de la costa más cercana, o de si la Confederación Hidrográfica del Tajo se establece en un lugar por donde el Tajo pasa a decenas de kilómetros, se trata, en mi opinión, de establecer un mínimo consenso y un debate razonable y fuera de sectarismo sobre la necesidad de que en las diferentes comunidades y ciudades autónomas puedan establecerse instituciones de carácter estatal, con la fortaleza económica y política que eso supondría. Porque el debate no es sobre ejemplos particulares, sino sobre una configuración global de las instituciones del Estado.

"Desde el PSC hace años que apostamos por que el Senado tenga su sede en la capital catalana"

En Catalunya, y desde el PSC, hace años que apostamos por que la Cámara de representación territorial, el Senado, tenga su sede en la capital catalana, Barcelona, como un síntoma de esa misma función del Senado que la Constitución le otorga.

Pero el debate va más allá de si la Cámara Alta se traslada a Barcelona: se trata de evitar que ante el simple inicio del debate la reacción inmediata de ciertos sectores conservadores sea la expresión “se llevan de Madrid, hurtan a Madrid”, ya que nada se lleva si la propiedad es compartida, nada se lleva si creemos que la suma de todos es más fuerte que la unidad localista.

Es evidente que no está en juego el cuestionar la capitalidad de Madrid, tal y como recoge el artículo 4 de la Constitución. Ni siquiera se trata de producir una desbandada de órganos de un día para otro.

Se trata precisamente de lo contrario.

Se trata de creernos entre todos la fortaleza de la Constitución y de nuestras instituciones para, desde el trabajo en común, compartir España.