Fuera del hemiciclo, la niebla ha ido levantado conforme avanzaba el discurso de Pedro Sánchez en la mañana gélida del sábado 4 de enero. Dentro, pese al calor de los aplausos de la bancada socialista y de sus aliados de Unidas Podemos, se ha mantenido el aire espeso de las incógnitas que marcan la política española desde las elecciones del 10-N. El largo discurso del candidato traía un titular servido en la primera frase: "No se va a romper España. No se va a romper la Constitución". Una declaración de intenciones de lo obvio por parte de quien aspira a ser presidente de la España constitucional. Después, el candidato Sánchez ha desgranado las líneas de un programa que Gabriel Rufián (ERC) ha elogiado como “si estuviera escrito por Podemos”. Un programa netamente de izquierdas (derogación de la LOMCE, la ley de Educación del PP, supresión de la religión como asignatura computable en las evaluaciones, leyes de eutanasia y transexualidad, subida de impuestos a las rentas altas, control del precio máximo de los alquileres, derogación parcial de la reforma laboral…), y sin apenas concreciones, salvo en dos fechas: las de los días por las Víctimas del Franquismo y en reconocimiento de las Víctimas del Exilio.

Desde 2016, España ha perdido casi un año en las negociaciones para formar gobierno tras las sucesivas citas electorales. En ese tiempo, la marcha de la economía se ha ido ralentizando y la situación en Cataluña se ha ido complicando. Lograr la abstención de los independentistas de ERC, aflorando su lado más pragmático, ha sido la apuesta del PSOE para alcanzar la Moncloa al tercer intento y tras el fugaz gobierno propiciado por la moción de censura. Sánchez intentó que el proceso independentista quedara fuera de la campaña, y no lo consiguió. Y es que hay ley de la gravedad de la realidad, que tiende a imponerse pese a los deseos y las estrategias. La realidad se va aparecer esta misma tarde ante el candidato a presidente, que ha defendido que hay que optar por el diálogo y dejar atrás la vía judicial. Pero la vía judicial, en el estado de Derecho, tiene vida propia. Y hay situaciones como la que se puede producir en unas horas, si el president de la Generalitat, Quim Torra, se niega a acatar la decisión de la Junta Electoral Central, que lo ha inhabilitado para el cargo. ¿Se puede reconducir ese desacato a un organismo del Estado compuesto por magistrados solo con diálogo? ¿Se puede desjudicializar a voluntad? ¿Es posible ignorar la maraña de procesos judiciales en marcha, incluyendo a los tribunales europeos?

Aparte de la genérica y loable apelación al diálogo, la primera parte del discurso de investidura deja sin resolver las dudas sobre cómo acabará afrontando Pedro Sánchez el grave problema territorial. Es tan importante como abordar el paro, la crisis demográfica o climática, la educación o las pensiones. Y no puede dejarse a la improvisación o al cortoplacismo de la investidura.