El pasaporte covid no acaba de abrirse camino ni a codazos. La idea de exigir datos sanitarios a una persona para acceder a uno u otro lugar resulta muy áspera para la actual legislación nacional. Y no deja de sentar un precedente por más que en estos momentos la situación sea absolutamente excepcional.

La DGA intenta articular la mayor normalidad posible aferrándose a los instrumentos que van circulando y tiene a su alcance. Y el pasaporte covid es una manera de devolver a la vida el ocio nocturno, como lo va haciendo poco a poco con el turismo. Conscientes de que es una medida que puede resultar de difícil digestión, el Gobierno de Aragón recurrió al TSJA buscando amparo legal. Pero el Tribunal ha remitido a la próxima resolución del Constitucional, que será quien tenga la última palabra: "La Sala no puede adelantarse a la resolución del Tribunal Constitucional", argumenta.

La DGA va a alegar, pero es más que probable que la respuesta sea la misma. En ese caso la pelota volverá a estar en el Pignatelli, donde tendrán que decidir si se arriesgan o no a poner en marcha una medida que puede ser revertida por el TC o cuestionada en los tribunales por cualquiera. O no se hace nada. Y entonces se abren dos escenarios posibles: uno, mantener las medidas restrictivas, afianzar el control de la epidemia y ver cómo un sector se hunde; otro, abrir la puerta a la normalidad de par en par y confiar en las vacunas, los anticuerpos y en que el flow permita cierta distancia para respirar en la pista de baile.