Diego Carcedo Periodista
OPINIÓN

Una ejecución histórica

Dicho y hecho, los demócratas, no han esperado para someter a Donald Trump a un nuevo juicio político. Es el segundo impeachment al que se enfrenta el presidente de Estados Unidos en sólo once meses y en un mismo mandato. Declaraciones por las que le acusan de incitar a la insurrección y que derivaron en los disturbios en el Capitolio donde 5 personas murieron y decenas resultaron heridas. Consideran que puso en peligro la seguridad y las instituciones del gobierno. Unos hechos por los que el fiscal general de Washington estudia también imputarle por instigar a la violencia. Todo un ataque a la democracia por el que quieren asegurarse que Trump no vuelva a ocupar ningún cargo público. Una resolución con ultimátum incluido, en el que el vicepresidente Mike Pence tenía un plazo de 24 horas para activar la vigesimoquinta Enmienda para destituir a Trump y que los republicanos han conseguido bloquear en la Cámara de Representantes. Un texto que se votará de nuevo el miércoles y que todo apunta a que saldrá adelante, gracias a la mayoría demócrata de la Cámara. Al mismo tiempo será reveladora porque sacará a la luz la postura de los republicanos, si realmente condenan o apoyan las acciones de su presidente. Un proceso que se prolongará más allá del día 20 de enero cuando tendrá que abandonar oficialmente la Casa Blanca y que pretenden llevar hasta el final para acabar con las intenciones de Donald Trump de presentarse de nuevo como candidato a las elecciones de 2024.
El presidente saliente de EE UU, Donald Trump.
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Dicho y hecho, los demócratas, no han esperado para someter a Donald Trump a un nuevo juicio político. Es el segundo impeachment al que se enfrenta el presidente de Estados Unidos en sólo once meses y en un mismo mandato. Declaraciones por las que le acusan de incitar a la insurrección y que derivaron en los disturbios en el Capitolio donde 5 personas murieron y decenas resultaron heridas. Consideran que puso en peligro la seguridad y las instituciones del gobierno. Unos hechos por los que el fiscal general de Washington estudia también imputarle por instigar a la violencia. Todo un ataque a la democracia por el que quieren asegurarse que Trump no vuelva a ocupar ningún cargo público. Una resolución con ultimátum incluido, en el que el vicepresidente Mike Pence tenía un plazo de 24 horas para activar la vigesimoquinta Enmienda para destituir a Trump y que los republicanos han conseguido bloquear en la Cámara de Representantes. Un texto que se votará de nuevo el miércoles y que todo apunta a que saldrá adelante, gracias a la mayoría demócrata de la Cámara. Al mismo tiempo será reveladora porque sacará a la luz la postura de los republicanos, si realmente condenan o apoyan las acciones de su presidente. Un proceso que se prolongará más allá del día 20 de enero cuando tendrá que abandonar oficialmente la Casa Blanca y que pretenden llevar hasta el final para acabar con las intenciones de Donald Trump de presentarse de nuevo como candidato a las elecciones de 2024.

A Donald Trump apenas le queda una semana como presidente, pero continúa igual que el primer día, dejando rastro detrás de su paso por la política para que la historia le recuerde como el monstruo apenas reprimido que es. 

Hace escasas horas fue ejecutada en una prisión de Indiana la primera mujer después de 67 años sin que la condena federal a muerte se aplicase a una delincuente femenina. Lisa Montgómery, de 52 años, había sido condenada por el asesinato de una joven de 23 embarazada de ocho meses para abrirla en canal y extraerle el feto que estaba gestado. Desde el principio del proceso fue condenada a la pena máxima, pero pese a los recursos planteados por sus abogados, aprovechando el garantista y complejo sistema penal norteamericano de Justicia, su situación de espera se vino dilatando.

Hace escasas semanas, una Corte federal detuvo la ejecución por inyección letal alegando trastorno mental de la acusada, lo que parecía el final del proceso. Con una rapidez muy infrecuente, el Tribunal Supremo -integrado actualmente por una mayoría de magistrados conservadores, algunos nombrados de por vida por el presidente Trump- anuló la sentencia y ordenó la ejecución.

Aunque su crimen era absolutamente detestable, la opinión pública estaba convencida de que la ejecución no llegaría a consumarse. La esperanza de los enemigos de la pena de muerte puesta en que el presidente -aprovechando las últimas decisiones de su mandato, al igual que otras veces hicieron sus antecesores- la indultase, también fallaron: Trump ni se inmutó ante la noticia que estremeció a muchos ciudadanos, tanto demócratas como republicanos.

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