Parece ser que una Administración Pública española solicitó apoyo a unos profesores universitarios para desarrollar una herramienta que permitiera afrontar la pandemia. Puestos a trabajar los profesores recibieron a continuación orden de suspender su trabajo: la ley de protección de datos impedía esa línea de investigación.

Las Administraciones Públicas, lentas de reflejos, justifican haber llegado a su nivel de incompetencia en la ciencia, en la población o en la protección de datos. De aquéllas que se ocupen los científicos y los sociólogos. De esta última deberían ocuparse nuestros políticos.

Se ha declarado el Estado de Alarma y nos han cercenado numerosos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho de reunión. Sin embargo, el Decreto nada dice de la ley de protección de datos. Que importancia tendrá este derecho para la sociedad democrática que debe subsistir en tiempos de alarma.

En esta situación parece importante el uso de los datos personales a través de app u otros dispositivos para afrontar la crisis.

Por ejemplo, en Austria hay un app por la que quien da positivo debe notificarlo a las autoridades y a su vez a todos sus contactos. El primero, para iniciar una cuarentena o un tratamiento médico y, los segundos, para tener información del hecho y poder prevenir. En Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan o la Comunidad de Madrid utilizan esa fórmula o algo parecido. A la zaga, el gobierno central aprobó desarrollar su app este sábado.

No habiendo limitado el Gobierno el derecho a la protección de datos me pregunto si la legislación vigente en la materia impide estas iniciativas frente a la pandemia. La ley es rigurosa y especialmente cuando se trata de utilizar los datos a un fin distinto. Así, ¿sería admisible el uso de los datos para atender a un paciente para pruebas clínicas o la supervisión del confinamiento en caso de cuarentena?.

En mi opinión la respuesta es afirmativa. Ahora bien, siempre que sea una medida necesaria y proporcional para salvaguardar objetivos como la seguridad pública.

Acaso no es aberrante que la Administración pública tenga que localizar los ciudadanos que han superado el Covid-19 por la prensa y no directamente por teléfono, en base a una mal interpretación de la Ley de protección de datos.