¿Compensa pagar más impuestos si conlleva una mejora de los servicios públicos? Esa pregunta y así formulada fue planteada por el CIS entre el 9 y el 19 de este mes. Sin duda el interrogante contenía un punto de inducción a la respuesta positiva lo que se tradujo en un 60% de afirmaciones. 

En realidad a muy pocos les gusta rascarse el bolsillo para pagar al fisco y puede que sean menos los que creen que el dinero público es debidamente gestionado. Pero también es cierto que nadie concibe el prescindir de los servicios públicos que oferta el llamado estado del bienestar y que la única forma de financiarlos es con una estructura impositiva robusta y eficaz. 

Si preguntáramos por dónde y a quiénes ha de apretar Hacienda, cada ciudadano tendrá una respuesta acorde con su circunstancia personal, siempre tendente a que las vueltas de tuerca les sean lo más ajenas posible.

La idea de fondo que maneja el Ejecutivo es abordar una reforma tributaria que acerque el 38%, que es el peso actual que los ingresos por impuestos tienen sobre el PIB en España, al 45 % en que se sitúa la media de la UE. Todos entienden que, aunque lleguen las ayudas de Europa, nuestro país ha de abordar a medio-largo plazo un proceso de consolidación fiscal que cuadre las cuentas públicas. 

La discusión va a estar en el tipo de instrumentos impositivos que se manejen para ejecutarlo. El Banco de España, en su informe del mes de junio, apostó a tumba abierta por tocar el IVA y los impuestos medioambientales y no apretar en el impuesto de sociedades con la idea de que el mix de ingresos sea lo más favorable para el crecimiento económico. 

El Bando de España apostó por no apretar en el impuesto de sociedades

Por contra, los planes iniciales del Gobierno apostaban por incrementar la presión a las rentas más altas, aplicar una tasa a las operaciones financieras y rebajar las exenciones y bonificaciones a las grandes empresas. Planes en cualquier caso que ahora quedan comprometidos al necesario ‘alineamiento’ que la agenda del Gobierno español ha de tener con la de la Comisión Europea.

Aunque sin troikas ni hombres de negro, sin vetos ni austericidios, será Europa la que en buena medida nos marque el paso con la autoridad añadida que ahora le proporcionan los 140.000 millones que entre créditos y transferencias recibirá España fruto del acuerdo alcanzado en la cumbre europea el 21 de julio.

Será Europa la que en buena medida nos marque el paso con la autoridad añadida que le proporcionan los 140.000 millones

Otro tanto acontecerá en lo relativo al sistema público de pensiones, técnicamente quebrado incluso antes de la pandemia. Una encuesta del CIS, inmediatamente anterior al confinamiento, duplicaba el número de españoles que ponía a las pensiones como su principal preocupación. Ni que decir tiene que los temores que entonces les atribulaban se habrán acrecentado con el posterior deterioro de las cuentas. 

El dinero de Europa no va a apuntalar el sistema y no habrá transferencias corrientes para pagar a los jubilados. La progresiva devaluación de las pensiones, que ya se intentó, no parece una opción justa ni política ni socialmente admisible pero, como poco, sí será necesario elevar las cotizaciones sociales, eliminar bonificaciones, retrasar la edad de jubilación e incentivar el alargamiento de la vida laboral.

Hay mucho trabajo por hacer en impuestos y pensiones, dos asignaturas pendientes que ya no admiten cuentos, solo valen las cuentas.