Llega 2020 atisbando el estreno de un Gobierno bicolor fruto del pacto entre dos fuerzas de izquierdas. Los términos del contrato, o lo que sabemos del mismo, los plasma un documento de once puntos titulado Acuerdo para un Gobierno progresista. 

Desde su publicación, las calculadoras de media España comenzaron a echar humo en el intento de determinar el grado de afectación que los propósitos del gobierno de coalición puedan tener sobre la economía del país, la de las empresas y los particulares.

El hecho de que el documento subraye el compromiso de PSOE y Unidas Podemos con la estabilidad presupuestaria y las reglas fiscales de la UE parece más dirigido a tranquilizar a las autoridades europeas que a los de casa, donde las cuentas se observan con mayor recelo. 

En particular, la fiscalidad que ya apunta un apretón considerable para garantizarse la obtención de recursos que permitan "impulsar políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa", según recoge el documento. 

Esto se traduce en señalar como ricos a los que ganen más de 130.000 euros al año, a quienes subirán dos puntos la presión fiscal, y como muy ricos a quienes obtengan más de 300.000 euros, a los que les subirán cuatro. La medida es más política que económica, dado que su potencial recaudatorio apenas alcanza los 400 millones de euros, una cifra menor si la comparamos con los 9.000 millones que debería ajustar el Ejecutivo para cumplir con el déficit que exige Bruselas, y no digamos ya con el déficit de casi 100.000 millones que tiene acumulada la Seguridad Social.

La medida es más política que económica, dado que su potencial recaudatorio apenas alcanza los 400 millones de euros

Mayor capacidad recaudatoria tendrán, sin embargo, los cambios en el impuesto de sociedades, con la idea de garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones y de hasta un 18% para las entidades financieras y de los hidrocarburos. A ello habría que sumar los nuevos impuestos como la llamada tasa Tobin, de transacciones financieras, o la tasa Google para algunos servicios digitales. 

Medidas aún sin cuantificar que han de introducirse con el mayor cuidado para no espantar la inversión, desanimar la actividad empresarial ni frenar el crecimiento del empleo. 

Es la misma cuadratura del círculo que tendrán que dibujar con su compromiso de subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros a lo largo de la legislatura. Siendo obvio que la recuperación económica no ha alcanzado de igual modo a las empresas que a los trabajadores y que el incremento del salario mínimo es una forma eficaz de impulsar la mejora de los salarios en su conjunto, las subidas traumáticas generan efectos negativos para el empleo que se han de considerar. 

El ascenso de un 22,3% hace un año, hasta los 900 euros, tuvo consecuencias sobre las contrataciones, muchas de las cuales fueron derivadas a la economía sumergida en sectores como la hostelería, el campo y el servicio doméstico. 

Así pues, al gobierno bicolor le espera la compleja tarea de combinar el cumplimento de sus compromisos sociales con el de mantener los incentivos al crecimiento económico y al empleo sin los cuales su gestión solo podría ser calificada de rotundo fracaso. Ello requiere rigor y prudencia porque el papel lo aguanta todo, pero las cuentas no.