Mi madre, Charin Gurriarán, que siempre tuvo una inteligencia superior, se marchó de este mundo con 91 años, bien cumplidos y vividos, cinco días antes de que la OMS declarara la pandemia y nueve antes del inicio del confinamiento. Murió en paz y en casa, como quería, acompañada por su gente como había estado en los dos meses anteriores, los únicos de su vida que pasó en cama, vencida por los años y por una malhadada rotura de cadera. 

Desde entonces veo con espanto, dolor y rabia cómo ha ido creciendo la cifra de personas mayores que han muerto por coronavirus en residencias públicas, privadas y concertadas. Solas, sin manos amigas, en centros que en muchos casos no fueron capaces de prestarles los auxilios médicos esenciales ni de dar información veraz a los familiares. Maldita sea esta guerra, que usa como carne de cañón a quienes no están en edad militar porque ya han dado a la sociedad todo lo que tenían que darle. 

"Maldita sea esta guerra, que usa como carne de cañón a quienes no están en edad militar"

La cifra real no la sabremos nunca. La última fiable que he oído es 17.920 muertos en residencias, casi dos tercios de los causados por el virus. No hay reparación posible ni para las víctimas ni para sus familias. Tampoco cabe buscar culpables, aunque algunos –y algunas– estén haciendo méritos. Pero la Justicia debe depurar responsabilidades y los poderes públicos deben poner patas arriba el sistema de asistencia a los mayores para evitar que semejante atrocidad se repita. 

Tomen nota quienes gobiernan Madrid y Cataluña, donde se concentran la mayoría de esas muertes, pero también los demás. Eso no se arregla con crespones negros ni con lutos oficiales, ni con proclamas independentistas. Los destrozos de los últimos años en la Sanidad pública, tampoco.