Hace pocos días se anunciaba que el Gobierno se encuentra preparando la ampliación de algunas de las medidas sociales contempladas en los sucesivos Reales Decretos aprobados durante la crisis provocada por la Covid-19. Dado que las nefastas consecuencias provocadas por esta crisis no parecen que vayan a resolverse a corto plazo.

Entre las medidas anunciadas se incluye la prórroga de los contratos de alquiler, la ampliación de la suspensión de determinados desahucios o la prohibición de realizar cortes de suministros, al menos hasta el próximo año.

Sin embargo, siendo obvio que esa ampliación de medidas sociales es más que necesaria, pues los efectos provocados por la Covid-19 no parecen meramente coyunturales sino que son problemas estructurales, que han aflorado tras la pandemia, como la destrucción de empleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la imposibilidad para pagar el alquiler, la disminución del consumo, el aumento de la precariedad y el empobrecimiento de la población, la saturación de los servicios públicos ya diezmados por los recortes y las políticas de austeridad, la visibilización de la desigualdad de género durante el confinamiento, o el incremento de las violencias machistas. Es evidente que las medidas sociales no sólo deben alargarse en lo que respecta a su duración sino que deben mejorarse y ampliarse en su casuística para conseguir un verdadero “escudo social”.

Los efectos provocados por la Covid-19 no parecen meramente coyunturales

En el caso concreto de los desahucios, por ejemplo, el Gobierno anunció “la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional”. Pero dicha prohibición solo afecta a aquellos inquilinos e inquilinas que pagaban un alquiler y, como consecuencia de la Covid-19, se quedaron en desempleo, sufrieron un ERTE, vieron reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores, o, en definitiva, vieron disminuidos sus ingresos de forma sustancial por otras circunstancias provocadas por la Covid-19.

Sin embargo, antes de la pandemia en nuestro país se producían una media de 180 desahucios diarios entre los que no solo se encuentran los desahucios por impago de alquiler y que, desde luego, se producían sobre personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad y precariedad previa a la añadida por la Covid-19. 

Es por tanto necesario, ampliar dicha suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional adecuada a todo tipo de desalojos tal y como ha reiterado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, máxime cuando la crisis habitacional que atraviesa nuestro país no se ha originado con la pandemia, sino que se ha visto agravada.

Antes de la pandemia se producían una media de 180 desahucios al día en España

Así, lo ha evidenciado el informe definitivo publicado este lunes por Philip Alston, exrelator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y Derechos Humanos tras su visita a nuestro país los pasados meses de enero y febrero, en el que se destaca que “la red de protección social de España ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le está fallando a la gente”

El informe recoge conclusiones demoledoras que deben guiar las políticas públicas para combatir la pobreza en nuestro país que, según el exrelator de Naciones Unidas, tiene su causa en un sistema de protección social roto, insuficientemente financiado y sumamente burocrático.

La necesidad de reformas en profundidad se hace más necesaria que nunca

La necesidad de reformas en profundidad se hace más necesaria que nunca, pues tal y como ha concluido Alston “ España atraviesa una crisis de vivienda, con costos disparados, la privatización de la vivienda pública y extensos desalojos: sin embargo, la vivienda de bajo costo es casi inexistente. Una cuarta parte de los hogares con niños en riesgo de pobreza tienen dificultades para cubrir los gastos de educación, y todavía hay lagunas en el acceso a la sanidad para las personas con bajos ingresos e inmigrantes recientes”.

No olvidemos que tal y como ya vaticinó en su informe preliminar del pasado mes de febrero, “la pobreza es en última instancia una opción política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”.