En pleno confinamiento nos sorprende la noticia: "La diputada de Podemos Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación". Un verdadero jarro de agua fría para todos los que defendemos el derecho a la vivienda y estamos dispuestos a hacerlo, incluso poniendo el cuerpo en la puerta de una vivienda para evitar que una familia en situación de vulnerabilidad, que no cuenta con alternativa habitacional, acabe en situación de calle. 

Porque no lo olvidemos, así es como empieza esta historia, con centenares de personas tratando de evitar el desahucio de Antonio, una persona gravemente enferma y con discapacidad que iba a ser desahuciada de la vivienda que arrendaba cuando comenzaron a subir de forma desorbitada los precios de los alquileres en pleno centro de Madrid. 

Isa Serra, condenada a 19 meses de prisión por atentado a la autoridad al intentar frenar un desahucio

Un caso en el que incluso el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) había reclamado públicamente en un comunicado que se pusieran a disposición "recursos adecuados de protección social al enfermo crónico con escasos recursos", así como "la suspensión del desahucio" a Ana Botella, entonces Alcaldesa de Madrid y responsable del dispositivo de Policía Municipal desplegado para ejecutar el desahucio.

La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un verdadero despropósito desde todos los puntos de vista. Por un lado, es un atropello para la actividad de defensa de los Derechos Humanos, que es al fin y al cabo, lo que hacen decenas de vecinos y activistas que, de forma solidaria, se agrupan en las puertas de miles de hogares para evitar que se ejecuten desalojos forzosos sin alternativa habitacional adecuada tal y como mandata Naciones Unidas. 

Pero es que, también, es un atropello para el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la acusada, teniendo en cuenta que la diputada ha sido condenada sin pruebas objetivas, únicamente otorgando un plus de credibilidad a la versión de los agentes. Y es que hay que recordar que en derecho penal, la Policía no tiene presunción de veracidad, sino que es el acusado el que tiene presunción de inocencia.

Afortunadamente, esta injusta y desproporcionada resolución podrá ser enmendada a través del correspondiente recurso que su defensa ya ha anunciado que interpondrá.

Por último, no quiero dejar de señalar que son muchos los activistas que se enfrentan a procesos penales y cuantiosas multas económicas como consecuencia del ejercicio de su labor como defensores de Derechos Humanos. 

El derecho a la vivienda es el derecho a la vida

Pero creo que esta condena contiene un valor simbólico que hace que mi preocupación aumente al tratar de ser una condena ejemplarizante, un escarmiento a la protesta en la figura de un personaje público, una cabeza de turco, que quiere lanzar un mensaje claro con la pretensión de desincentivar la actividad de defensa de Derechos Humanos y una garantía de impunidad para fondos buitre y especuladores.

En estos tiempos donde se ha evidenciado de forma palmaria que la vivienda es la primera garantía para la protección de nuestra salud, deberíamos entristecernos por situaciones como esta en la que una defensora del derecho a una vivienda digna es condenada por ello. Incluso, aunque esta sea tu adversaria política, en un país en el que se han producido más de un millón de desahucios desde 2008, no cabe alegrarse por noticias como esta.

Confiemos en que se haga justicia, se revoque cuanto antes esta sentencia y se absuelva a Isa Serra. Porque solo así habrán ganado los derechos civiles y los Derechos Humanos.