La Xunta asegura el "blindaje jurídico" del concurso eólico y sostiene que el del bipartito tenía "tachas de legalidad"

Alerta de que la responsabilidad del Ejecutivo gallego "no se podría calcular si hubiera seguido adelante y la sentencia fuese contraria"
El consellerio de Economía e Industra, Javier Guerra, en declaraciones a los med
El consellerio de Economía e Industra, Javier Guerra, en declaraciones a los med
EUROPA PRESS
El consellerio de Economía e Industra, Javier Guerra, en declaraciones a los med

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha asegurado que una ley aprobada por Parlamento de Galicia garantiza el "blindaje jurídico" del actual concurso eólico y recuerda que "hubiera sido arriesgado" seguir el planteamiento del decreto de 2008 después de que informes de la Asesoría Xurídica de la Xunta y el Consello Consultivo "dijesen claramente que el decreto del bipartito tenían tachas de legalidad infranqueables".

Así lo ha expresado a los medios de comunicación este jueves tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que declara la legalidad del concurso eólico llevado a cabo por el Gobierno bipartito en 2008.

En este sentido, el titular de Economía e Industria ha subrayado que, a la vista de los informes negativos del la Asesoría Xurídica y el Consello Consultivo, la Administración autonómica "actuó honestamente y con el máximo rigor" para sacar adelante un sector que estaba "completamente paralizado" y "envuelto en muchísimos problemas jurídicos y legales".

Además, ha afirmado que "la única responsabilidad" del Ejecutivo autonómico es que ahora las empresas del concurso anterior "pueden pedir una cantidad" de dinero "que tiene que ver con el estudio y el análisis de los planes que presentaron". Ante ello, ha apuntado que, "esta responsabilidad sería muchísimo mayor y no se podría calcular" si la sentencia "fuese contraria y la Xunta hubiese seguido adelante" con el planteamiento del bipartito.

Con todo, Javier Guerra ha garantizado que "no hay que hacer ninguna revisión" del actual concurso, ya que "está sometido a una ley aprobada por la Cámara gallega" que garantiza su desarrollo y le proporciona "blindaje jurídico".

Así, ha incidido en que el Gobierno autonómico "seguirá adelante" con el proceso actual y ha confirmado que "ya está convocada la mesa de valoración de proyectos industriales", unos planes que, a "diferencia del anterior concurso eólico", el actual decreto establece que deben de "empezar a desarrollarse de manera inmediata". MONETARIZACIÓN

Preguntado sobre esta cuestión y tras las afirmaciones en las que el PSdeG cuestionaba el coste que los proyectos industriales que soliciten la vía de la monetarización tendría para la Xunta, Guerra ha acusado a la oposición de "hablar sin ningún sentido" y ha recomendado a los portavoces del BNG y PSdeG que "lean la norma".

En esta línea, ha apuntado que el volumen de monetarización que está comprometido con las empresas "se sitúa entre los 48 o 50 millones de euros", una cantidad que, según ha expresado, "si se compara con todo lo que se mueve en este concurso —unos 6.000 millones de euros— es muy pequeña".

Ante esto, ha sostenido que "no se debe confundir a la gente", pues, conforme ha explicado, "la monetarización es una salida que da este concurso para que las empresas no pudieran escapar sin invertir", es decir, para que "ninguna empresa pueda tener un megavatio eólico desarrollado si no tiene compromiso de inversión en Galicia".

Este compromiso, tal y como ha recordado el titular de Economía e Industria, debe ser "un plan industrial o que las empresas pongan ese dinero en un fondo de capital riesgo" que beneficie a la economía de la comunidad. RECURSO

En respuesta a los medios sobre la posibilidad de que el Gobierno gallego recurriese la sentencia del TSXG, Javier Guerra ha afirmado que la Xunta, como "gobierno democrático respeta esta sentencia del tribunal" y ha subrayado que "no fue el Gobierno gallego" quien recurrió el decreto del bipartito, "sino una empresa" —Enel Green Power—.

Finalmente, ha criticado que la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia "se conociese por un medio de comunicación antes que fuera comunicada a los letrados" del Ejecutivo autonómico.

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