La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, pero por primera vez su decisión no ha sido unánime y el auto que se notificará en los próximos días contará al menos con tres votos particulares.

La prohibición de inscribir a Sortu como partido -que la formación abertzale puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, para lo que tendrá un plazo de 30 días desde que se notifique la resolución- supone que no podrá presentar candidaturas a las elecciones locales del próximo 22 de mayo.

Aunque en el caso de Iniciativa Internacionalista -formación a la que finalmente el Constitucional permitió concurrir a los comicios europeos de junio de 2009- ya hubo cinco magistrados de la Sala del 61 que discreparon de la mayoría, ésta es la primera ocasión en la que una decisión sobre una marca electoral de la izquierda abertzale no es unánime.

Y es que Iniciativa Internacionalista, que recibió el apoyo explícito de Batasuna, estaba integrada por dos formaciones ajenas al País Vasco como Izquierda Castellana y Comuneros, mientras que Sortu era la gran apuesta de la izquierda abertzale por volver a las instituciones con una marca propia tras hacer público su rechazo a la violencia.

Así, la Sala del 61 ha roto la tradición de unanimidad frente a las formaciones consideradas sucesoras de la ilegalizada Batasuna que mostró en los casos de AuB, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak, ANV, ASB, EHAK-PCTV, Abertzale Sozialistak, Askatasuna y D3M.

En cualquier caso, y pese al anuncio de que habrá tres votos particulares, nueve de los dieciséis magistrados que componen la sala han considerado que el rechazo de la violencia que figura en los estatutos presentados por Sortu es insuficiente para permitir su inscripción como partido, según fuentes del Supremo.

La sala ha hecho suyos, por tanto, los argumentos alegados por la Fiscalía y por el Gobierno -éste a través de la Abogacía del Estado- en sus demandas, en las que señalaban que la ausencia de una condena explícita a ETA demuestra que Sortu sigue las consignas marcadas por la banda terrorista, que permite matizaciones o contextualizaciones, pero nunca una condena a sus acciones.

El auto que se conocerá en los próximos días también reflejará como prueba de que Sortu es una continuación de Batasuna, según las mismas fuentes, el protagonismo que destacados dirigentes de la formación ilegalizada tuvieron en los actos de presentación de la nueva marca, en contraste con la ausencia de los mismos de los que luego se presentaron públicamente como promotores del partido.

También la secuencia temporal que llevó a la presentación en sociedad de Sortu, que no tuvo lugar hasta que ETA anunció el pasado 10 de enero en un comunicado que declaraba un alto el fuego "permanente, de carácter general y verificable internacionalmente", ha sido tenido en cuenta por los magistrados.

El fallo del Supremo ha llegado tras una deliberación que se ha prolongado durante nueve horas y después de celebrar los pasados lunes y martes una vista pública en la que los demandantes y la formación demandada interrogaron a varios testigos -todos policías o guardias civiles- y expusieron sus alegaciones.

Durante esa vista, el abogado del Estado Manuel Rivero defendió que con la creación de Sortu la izquierda abertzale "quiere aparentar que ha cambiado" y que ha roto con ETA, pero que no lo ha hecho y que la nueva formación sólo es "la enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna".

Por su parte, el fiscal jefe de la sala de lo contencioso-administrativo, Antonio Narváez, coincidió con los servicios jurídicos del Estado en indicar que Sortu "no ha roto amarras con ETA" y que la marca sólo cumple "aparentemente" la legalidad para poder volver a las instituciones.

Mientras, el abogado de la nueva formación, Íñigo Iruin, reclamó a la Sala del 61 que permitiera la inscripción de Sortu porque, en su opinión, es un ingrediente indispensable "para construir un futuro sin violencia" y dijo que "ya no hay vuelta atrás" en su rechazo de la violencia, incluso si ETA vuelve a cometer atentados.

Sortu se ha convertido así en la octava marca de la izquierda abertzale a la que el Supremo frena en su intento de presentarse a unas elecciones desde que Batasuna fue ilegalizada en marzo de 2003, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.

Desde la fundación en 1978 de Herri Batasuna, la izquierda abertzale ha usado hasta trece etiquetas distintas, pero Sortu ha sido la primera con la que pretendía volver a estar presente en las instituciones tras rechazar la violencia terrorista de ETA.

Sólo en dos citas electorales, en las autonómicas de 2005 y en las municipales de 2007, pudo superar los filtros y conseguir, con el Partido Comunistas de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca, respectivamente, representación en el Parlamento vasco y en los Ayuntamientos, aunque finalmente ambas formaciones fueron ilegalizadas.

Así, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), inscrito en el registro del Ministerio del Interior en septiembre de 2002, poco después de aprobarse la Ley de Partidos, consiguió superar todos los filtros y obtener 9 de los 75 escaños del Parlamento vasco. El partido, que nunca condenó los atentados de ETA, fue finalmente ilegalizado en septiembre de 2008.

Acción Nacionalista Vasca (ANV), partido creado en 1930 y "reactivado" para la ocasión, consiguió presentar candidaturas en un buen número de municipios en las elecciones de 2007, obteniendo concejales que aún se mantienen en sus puestos, a pesar de que el partido terminó siendo ilegalizado al año siguiente.