El grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón solicitará modificar la legislación para que las VPO de alquiler no pierdan su condición de protegida, al recordar que transcurridos 10 años en unos casos o 25 en otros, pierden su condición de alquiler protegido por lo que, transcurrido ese tiempo, las empresas propietarias pueden desalojan a los inquilinos de renta protegida y vender la vivienda.

El portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, presentará, para su debate y votación en la Comisión de Obras Públicas que se celebra este miércoles, una Proposición no de Ley (PNL) con el objetivo de que el Gobierno garantice el derecho a una vivienda digna en los arrendamientos sociales.

IU muestra su preocupación ante la situación de desamparo en la que se encuentran las personas que han optado por una vivienda protegida de alquiler por la normativa legal, las prácticas de las empresas propietarias de las viviendas y la actuación de las Administraciones públicas.

"Los inquilinos de un alquiler de VPO son tratados como cualquier tipo de arrendatario por lo que, a los 5 años, pueden ser desalojados de sus viviendas, aunque persistan sus condiciones económicas y no puedan acceder a ningún tipo de vivienda en el mercado de compra o de arrendamientos libres", ha lamentado Barrena.

Además, el precio del alquiler protegido no se establece en función de los ingresos de la persona o familia que ocupe la vivienda sino que se determina de forma oficial para todas las personas, además, no se establece un límite máximo a los gastos de comunidad (que los cobra la empresa propietaria) y que en muchas ocasiones supone un importante incremento del coste del arrendamiento, ha detallado IU.

A esta situación, añaden que, en la actualidad, "no existe una inspección exhaustiva de las empresas arrendadoras, produciéndose constantes abusos en el cobro de los recibos y en el trato a los inquilinos", ha alertado Barrena.

Por todo ello, Izquierda Unida presentará una iniciativa para que Las Cortes insten al Gobierno de Aragón para que se dirija al Central solicitándole la reforma de la normativa actual para que las vivienda protegidas de alquiler no pierdan nunca su condición de protegida y supongan siempre una oferta de vivienda digna de alquiler para personas que no pueden acceder a la vivienda de compra o de alquiler libre.

En cuanto a las competencias del Ejecutivo autonómico en esta materia, IU reclama que el Gobierno de Aragón arbitre las medidas necesarias para que, los inquilinos de VPO de alquiler actuales, mientras mantengan las condiciones socioeconómicas que les dieron derecho, puedan continuar con su arrendamiento social en dicha vivienda.

"Para lograrlo cuando se cumpla el plazo de desclasificación de la vivienda, la Administración ejercerá el derecho de adquisición preferente si fuera necesario", explica Barrena.

"Además, exigimos al Gobierno PSOE-PAR garantice que la renta protegida de una VPO de alquiler se calcula conforme a los ingresos de la unidad familiar de forma que el alquiler más los gastos de comunidad nunca supere una tercera parte de sus ingresos", ha añadido Barrena.

Antes de concluir ha reclamado que mientras se ponen en marcha estas medidas, "las Administraciones que sean propietarias deben dictar un protocolo asumiendo estas medidas voluntariamente tanto en lo referido al tiempo de alquiler como al coste del arrendamiento".