La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado por segunda vez el juicio que debería haberse celebrado desde el lunes contra siete presuntos miembros y colaboradores del 'comando Vizcaya' de ETA para que sus defensas puedan ver sin pixelados los vídeos que se grabaron durante su estancia en los calabozos.

Al comienzo de la sesión, que ayer también tuvo que ser suspendida para que las partes pudieran acceder a esta prueba, la abogada Jone Goirizelaia solicitó el aplazamiento del juicio al considerar que los vídeos presentan "irregularidades de carácter técnico" y que la imposibilidad de ver todas las imágenes afecta a su derecho de defensa.

La letrada Arantza Zulueta solicitó que se retire el pixelado de las imágenes y su revisión pericial tras argumentar que las defensas sólo han podido acceder a 14 de los 84 archivos que obran en la causa, que algunos fueron modificados este mismo mes de marzo y que sólo muestran 72 de las 100 horas durante las que se prolongó la estancia de los detenidos en las dependencias de la Guardia Civil desde que el juez Baltasar Garzón, que ordenó las detenciones, activó el protocolo de grabación.

La fiscal Dolores Delgado se opuso "absoluta y radicalmente" a la petición planteada por Goirizelaia y Zulueta, a la que se adhirieron los otros dos letrados de las defensas, al considerar que se ha producido "a las puertas del juicio". "Tiempo ha habido de visionar las cintas", se ha lamentado.

Tras la deliberación del tribunal, su presidenta, Manuela Fernández de Prado, ha comunicado la suspensión del juicio hasta el próximo lunes, 28 de marzo, argumentando que, tal y como las cintas han sido entregadas, su visionado "no resulta útil". En todo caso, ha ordenado que los vídeos no salgan de las dependencias de la Audiencia Nacional para "preservar la imagen" de los agentes de la Guardia Civil que custodiaron a los detenidos, que tienen la condición de testigos protegidos.

Durante la sesión, la presidenta del tribunal ha desalojado a todos los acusados a excepción de María Isabel Prieto después de que los seis quisieran sentarse juntos, desobedeciendo las órdenes de los agentes que había en la sala de vistas. "¡Que los bajen, que los bajen!", ha ordenado Fernández de Prado antes de que se produjera su traslado a los calabozos.

HASTA 64

Años de cárcel

Los supuestos integrantes del 'comando', que fue desarticulado en julio de 2008, se enfrentan a penas de entre 8 y 64 años de cárcel por pretender asesinar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y secuestrar al edil del PSE en Eibar Benjamín Atutxa.

El Ministerio Público pide la pena más alta para Arkaitz Goikoetxea Basabe, que se enfrentará a 64 años de cárcel por su pertenencia a ETA, el intento de asesinato del magistrado, la tentativa de secuestro del concejal, falsificación de documento oficial y depósito y tenencia ilícita de explosivos y armas.

Además, la Fiscalía reclama penas de 20 años de cárcel para Iñigo Gutiérrez Carrillo y Aitor Cotano Sinde por integración en organización terrorista y 18 para Maialen Zuazo Aurrecoechea por almacenar armas y explosivos y colaboración con banda armada. Por este último delito también pide otros 8 años de cárcel para Ana Isabel Prieto Furundarena, Adur Aristegui Aragón y Gaizka Jareño Ugarriza.

En esta causa también están procesados tres de los últimos jefes militares de la banda —Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'; Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegi Lizasu—, así como Aitor Arteche, Olga Comes Arambillet y Asier Borrero Toribio, todos los cuales están encarcelados en Francia a la espera de ser juzgados.

Atentado contra marlaska

En relación con el intento de atentado contra Grande-Marlaska, el escrito de acusación señala que Goikoetxea y Martitegi elaboraron y actualizaron informaciones sobre las vacaciones veraniegas que el juez pasaba en la localidad riojana de Ezcaray.

Según la Fiscalía, los acusados pretendían "localizar un lugar adecuado para colocar un artefacto explosivo que iba a ser activado por cable con el fin de evitar los inhibidores de frecuencia portaban los coches oficiales". Los presuntos etarras recabaron la información en el mes de febrero de 2007 con la previsión de atentar en agosto de ese mismo año, si bien "no continuaron con el proyecto al no observar al magistrado en la localidad en la fecha prevista".

De igual modo, habían iniciado el seguimiento del concejal socialista de Eibar Benjamín Atutxa Iza, al que Goikoetxea, Martitegi y Comes vigilaron entre octubre de 2007 y abril de 2008 con el objetivo de secuestrarlo. Para ello, contaban con jeringuillas y tranquilizantes que ocultaron en un 'zulo' que fue localizado en la localidad riojana de Pazuengos. La acción iba a consistir, según el escrito fiscal, en "secuestrar al concejal, mantenerlo sedado durante un par de días y finalmente acabar con su vida", tal y como hizo la banda en 1997 con el concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.

Además, el acusado Íñigo Gutiérrez recibió el encargo de Arkaitz Goikoetxea de elaborar informaciones sobre el diputado general del PP en Álava Ramón Rabanera; el cuartel de la Guardia Civil de Burgos, que fue atacado con un coche-bomba el 29 de julio de 2009; el Museo Militar de esta ciudad; y empresas vinculadas con la construcción y el desarrollo del Tren de Alta Velocidad (TAV) del País Vasco.

Con el mismo fin, Aitor Cotano recabó datos sobre las Casas del Pueblo del PSE-EE en las localidades vizcaínas de Sopelana y Leioa; de la sede del PP en Getxo; de las comisarías de la Ertzaintza en Bermeo, Plencia y Santurce (Vizcaya) y de los Juzgados de Balmaseda (Vizcaya).

Una decena de atentados

Los procesados constituyeron a las órdenes de 'Txeroki' un grupo operativo llamado 'Askatasuna Haizea' (Viento de Libertad en euskera), que permaneció operativo en España entre agosto de 2007 y febrero de 2008, llevando a cabo atentados como los perpetrados contra las casas-cuartel de Legutiano (Álava), Durango (Vizcaya) y Calahorra (La Rioja). En el primero falleció el guardia civil Juan Manuel Piñuel.

Según el escrito de acusación, este grupo se encargó de "la introducción y el almacenamiento en España del material explosivo necesario para la comisión de atentados, la captación de miembros legales para el desarrollo de la actividad terrorista, la elaboración de las informaciones sobre posibles objetivos de atentados y el estudio de posibles infraestructuras en Portugal al objeto de establecer allí una base permanente de actuación".

Además, se atribuye a esta estructura las acciones terroristas perpetradas contra el Real Club Marítimo El Abra y el Palacio de Justicia de Getxo (Vizcaya), la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz (Guipúzcoa), y las casas del pueblo de Balmaseda y Derio (Vizcaya), así como el hallazgo de un barril de cerveza cargado con explosivos en el municipio de Guetxo.

Reparto de funciones

El auto detalla que el 'complejo Vizcaya' estaba dirigido por los 'liberados' Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi y que los acusados Aitor Cotano e Íñigo Gutiérrez, junto a Asier Borrero, formaban parte de un talde denominado 'Hegoa' que "participaba en sus actividades terroristas y les ofrecían cobertura logística".

Por su parte, Zuazo y Prieto alojaron a Goikoetxea en su piso de Bilbao y la primera también le prestó las llavas de la vivienda que su familia tenía en Ezcaray (La Rioja). Jareño está acusado de ayudar huir a Martitegi después de la detención de sus compañeros prestándole su pasaporte, que denunció como robado, mientras que Aristegi mantuvo contactos a través de internet con Íñigo Gutiérrez.