El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado a conocer este martes dos nuevas sentencias que declaran nulos los proyectos de soterramiento de la M-30 en diferentes tramos, en la misma línea marcada anteriormente al rechazar un recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid.

Las tres sentencias firmes fueron dictadas el 11 de febrero por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la sección primera del TSJM, presidida por Francisco Javier Canabal Conejos, y contra ellas no cabe recurso alguno.

La primera, de la que se tuvo conocimiento el pasado día 16, confirmaba la sentencia de 17 de junio de 2009 de este mismo tribunal que anulaba la resolución adoptada por el Ayuntamiento de soterrar los tramos entre Marqués de Monistrol y Puente de Praga y entre la Avenida de Portugal y la Glorieta de San Vicente.

La asociación Ecologistas en Acción-CODA había interpuesto un recurso contra la resolución de la concejal del Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura el 23 de mayo de 2005, que fue admitido por el mismo tribunal y recurrido por el Ayuntamiento.

Las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera dadas a conocer este martes son consecuencias de recursos de apelación interpuestos por Trinidad Jiménez y otros dos concejales más del PSM-PSOE contra sentencias de 20 de octubre de 2009 y 25 de enero de 2010 de los juzgados de lo Contencioso Administrativo números 13 y 6 de Madrid.

La resolución municipal de Urbanismo del 2009 que había sido recurrida por los socialistas se refería a los proyectos de soterramiento de la M-30 entre Marqués de Monistrol y el Nudo Sur, y el proyecto de soterramiento de la Avenida de Portugal hasta la glorieta de San Vicente.

Los socialistas también habían impugnado la sentencia del 2010 que rechazó una apelación para que se admitiera el recurso que pedía la anulación de los proyectos de remodelación de enlaces de la M-30 con el Nudo la Paloma, calles Pío XII y Avenida de Burgos, Calle Costa Rica, Avenida de América, O'Donnell, N-III y N-I, entre otros.

Ambas impugnaciones socialistas se apoyaban en que los proyectos no podrían entenderse como simples "obras ordinarias", por lo que hubieran requerido la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, y carecían de las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental.