El Gobierno concede 22 millones de euros a los ayuntamientos de Málaga para reparar daños por las lluvias

Los ayuntamientos de la provincia de Málaga han recibido este año algo más de 22 millones de euros por parte del Gobierno de España para sufragar los gastos ocasionados por los daños producidos por los temporales de lluvia en infraestructuras municipales durante los años 2009 y 2010.

Los ayuntamientos de la provincia de Málaga han recibido este año algo más de 22 millones de euros por parte del Gobierno de España para sufragar los gastos ocasionados por los daños producidos por los temporales de lluvia en infraestructuras municipales durante los años 2009 y 2010.

Las ayudas han sido tramitadas en la Subdelegación del Gobierno y se encuadran en la Ley 3/2010, que establece dos líneas de subvención. La primera, a cargo del Ministerio de Política Territorial para abonar hasta el 50 ciento del importe de las obras en infraestructuras municipales dañadas.

La otra línea corre a cargo del Ministerio del Interior, que sufraga los gastos que han tenido los ayuntamientos en restituir los servicios públicos esenciales dañados, según ha explicado este martes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna.

Parte de estas ayudas —18.915.996 euros— han sido concedidas por el Ministerio de Política Territorial para sufragar 193 proyectos de 59 ayuntamientos malagueños y de la Diputación Provincial. Esta cantidad corresponde al 43,4 por ciento del gasto originado por los temporales de los dos últimos años.

El Ministerio ya ha transferido el dinero al ente supraminicipal, que, a su vez, lo trasladará a los ayuntamientos afectados cuando acrediten poder financiar el resto del importe de las obras por aportaciones de los propios consistorios o subvenciones procedentes de la Diputación, la Junta de Andalucía u otras entidades públicas o privadas.

Además, el Ministerio del Interior ha concedido otros 3.148.230 euros en ayudas a 46 ayuntamientos y a la Diputación Provincial, con cargo al Real Decreto 307/2005, para hacer frente a situaciones de emergencia por los gastos derivados de actuaciones inaplazables en situación de emergencia.

En este caso, se exige que su objeto sea el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como son el suministro de agua, la limpieza de lodos, los derrumbes de tierra o los arreglos provisionales de carreteras, entre otros.

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