La Comisión de Política Social y Empleo de las Corts Valencianes ha aprobado con los votos del PP y la abstención de la oposición instar al Consell para que éste, a su vez, inste al Gobierno de la nación a que paralice el proyecto de construcción del Centro de Inserción Social (CIS) en la ubicación impuesta en el término de Valencia junto a los términos municipales de Paiporta y Picanya, y deje sin efecto el proceso de expropiación forzosa de bienes y derechos iniciado.

La diputada del grupo 'popular' María José García Herrero, ha recordado que en octubre de 2010, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, sobre la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Valencia para la construcción de un centro de inserción social, en terrenos colindantes con los términos municipales de Paiporta y Picanya, "que se encuentran a escasos metros del casco urbano de ambos municipios".

Además, la zona, ha dicho, "se encuentra a escasos doscientos metros del emplazamiento que se vio obligado a desestimar con este mismo fin el Gobierno de España hace exactamente un año, como consecuencia de la movilización vecinal suscitada".

Igualmente, ha señalado que el emplazamiento decidido "actualmente tiene la clasificación de suelo no urbanizable, protección agrícola, y en el documento de revisión del PGOU de Valencia —en fase de exposición al público— se reclasifica a urbanizable para uso industrial y terciario", por lo que "no resulta compatible con la planificación urbanística y puede condicionar el desarrollo de la ciudad".

A su juicio, "la ciudadanía de Valencia, Paiporta y Picanya, principal perjudicada por este proyecto, se siente especialmente molesta, defraudada y engañada por el gobierno de España y ha anunciado públicamente su intención de intensificar las movilizaciones para exigir la paralización del proyecto".

Por su parte, el diputado socialista Antonio Torres ha indicado que la propuesta del PP es "oportunista" y ha justificado la abstención de su grupo porque a su juicio, hace falta un CIS en Valencia y "en algún sitio tendrá que estar".

El Ayuntamiento de Valencia, ha lamentado, no oferta suelo para dotar a sus ciudadanos de servicios como residencias de tercera edad, menores o discapacitados, según el diputado socialista, y ha expresado que debería haber habido una mayor colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat sobre esta cuestión.

Que el consell diga otro lugar

Asimismo, ha instado a la Generalitat a que, "si no está de acuerdo con la ubicación, que diga otra", se ha preguntado si cualquier centro que se tenga que implantar "es algo que va contra los intereses de la Comunitat" y si lo que quiere el PP es llevar estos centros a otras Comunidades Autónomas.

Las Corts han aprobado también a propuesta del PP y con la abstención de la oposición "continuar potenciando las acciones de formación, información y asesoramiento a micropymes y autónomos, que les posibilite y facilite el abordar con eficacia sus obligaciones preventivas, tanto el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales como todas las actuaciones preventivas que preceptivamente tengan que llevar a cabo".

En la iniciativa, se afirma que el índice de incidencia de los accidentes con baja en jornada de trabajo registrado en la Comunitat Valenciana durante el año 2009 se ha ubicado por debajo de la media nacional, situándose en el 3,8 por ciento, lo que supone que los trabajadores valencianos sufren menos accidentes que los del resto de comunidades autónomas.

El diputado socialista Vicent Sarrià ha admitido que se han reducido los accidentes laborales respecto al año anterior, pero ha recordado que el sector de la construcción ha perdido la mitad de su masa laboral. Según el parlamentario, "no hay razones para felicitarse sino para seguir trabajando".

Por su parte, la diputada del PP Gema Amor ha garantizado que la iniciativa "no pretende hacer autobombo ni propaganda", aunque ha advertido de que "algo se habrá hecho bien desde la Generalitat" para conseguir una "reducción tan importante".

Paralelamente, los votos del grupo popular han aprobado instar al Consell a que se promueva en el seno del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana —creado mediante el Decreto 131/2006, de 29 de septiembre, del Consell—, y a instancias de la representación que ostenta, la ampliación del actual Acuerdo de solución de conflictos laborales a los conflictos individuales entre trabajadores y empresarios, excluyendo únicamente los que afectan a la extinción del contrato de trabajo. La iniciativa ha contado con la abstención de la oposición.

Por otro lado, el PP ha retirado una propuesta para instar al Consell a elaborar y poner en marcha un nuevo plan valenciano de formación profesional para el periodo 2010-2013 porque ya está en vigor y ha rechazado una iniciativa de Esquerra Unida sobre la situación de las empleadas del hogar y otra de los socialistas sobre aplicación de medidas en la aplicación de los menores infractores.