El sindicato ELA ha exigido al Gobierno vasco un "cambio radical" en su políticas presupuestarias y sociales, que, según ha advertido, pretenden "recortar" tanto el número de perceptores de Ayudas de Emergencia Social (AES) como su cuantía. En este sentido, ha lamentado que se haya vuelto a "perder una oportunidad para convertir las AES en un derecho subjetivo".

En una rueda de prensa en Bilbao, el responsable de Política Social, Mikel Noval, y la miembro del Gabinete de Estudios de ELA Julene Gabiola han analizado el decreto del Gobierno vasco que regula las Ayudas de Emergencia Social del pasado 18 de enero y la posterior orden por la que se establecen las cuantías máximas para el año 2011, cuyo objetivo es "reducir" las prestaciones sociales.

Los representantes de ELA han censurado que "se haya vuelto a perder la oportunidad de convertir las ayudas sociales en derecho subjetivo", a pesar de que cada año se pone de manifiesto que son "insuficientes".

Del mismo modo, han criticado la "obsesión" del Gobierno vasco para "justificar los recortes" alegando que pretende incorporar a los perceptores de las ayudas sociales en el mercado laboral y planteando para ello un modelo en el que se "consiga hacer atractiva la incorporación al mercado laboral incluso para acceder a un empleo de bajo nivel salarial".

"Pretenden impulsar la precariedad", ha alertado Noval, que ha denunciado que "es la acción política de la extrema derecha y encima ponerlo por escrito". En cualquier caso, ha cuestionado al Ejecutivo "dónde piensa que van a trabajar" teniendo en cuenta el incremento creciente del desempleo y el hecho de que su política de "recortes presupuestarios" suponen "más recesión y más desempleo".

Asimismo, han destacado que, en ambos textos, se incide en la necesidad de disminuir las cuantías de las AES debido a la actual situación económica y la "restricción presupuestaria" por parte del Gobierno vasco. Según ha explicado Gabiola, además de la "reducción generaliza" en las AES, los cambios legislativos supondrán "otros recortes" como el hecho de que no tendrán derecho a percibir estas ayudas las personas con patrimonio superior a 8.000 euros, lo que afectará especialmente a las personas mayores.

También ha advertido de que no se podrán solicitar AES para gastos de endeudamiento previsto y que el plazo máximo para optar a ayudas destinadas al pago de intereses y amortización de créditos contraídos para la adquisición de vivienda habitual se limitará a doce meses.

El sindicato vasco ha insistido en que, como consecuencia de estas modificaciones, se reducirá tanto el número de perceptores como la cuantía de las ayudas, en un contexto en el que se está produciendo un incremento del desempleo y la "precariedad" y, por tanto, de la pobreza. Sin embargo, a juicio de Noval, el Ejecutivo vasco ha decidido "dejar a la gente desprotegida".

Dinero para el tav

En este sentido, ha resaltado que, mientras las AES cuentan en el presupuesto de este año con un presupuesto de 17 millones de euros, el proyecto del Tren de Alta Velocidad dispondrá de 300 millones de euros, lo que evidencia que "para lo que quieren ya tienen dinero". Del mismo modo, ha recordado que, cuando se eliminó el Impuesto de Patrimonio, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, justificó esta medida alegando que "los 180 millones de euros que se recaudaban al año era poco dinero".

En este contexto, ha demandado "un cambio radical en las políticas públicas presupuestarias", de manera que se dirijan a la creación de empleo "de calidad" y a la lucha contra "la precariedad" y la temporalidad. Del mismo modo, ha reclamado un aumento "sustancial" del gasto en protección social.

El sindicato ha exigido que las ayudas de emergencia social sean "un derecho subjetivo, reconocido por ley, que no esté en función de la disponibilidad presupuestaria", algo que considera "sencillo" si existe "voluntad política".