La representación jurídica de la empresa 'World Seafood Center Trade Mark S.L.', que denunció al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y a la edil delegada del Distrito Nervión, Cristina Galán, por un presunto delito de prevaricación al impedir a un restaurante el uso de una plaza de 6.500 metros cuadrados ubicada en la avenida Pablo Picasso de la capital, ha recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción número 17.

En este sentido, el abogado que representa a la empresa denunciante ha informado a Europa Press de que, una vez le fue notificado el auto por el que la juez Pilar Llorente archiva la causa contra el actual secretario general de Vivienda, Suelo, Arquitectura e Instituto de Cartografía de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y contra Cristina Galán, fue el pasado lunes cuando interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ya que considera que "existen indicios de delito" contra ambos.

Al hilo de ello, el letrado ha explicado que, en el recurso elevado ante la Audiencia, se hace referencia a que la descripción de los hechos realizada por la juez "no es correcta", pues "lo que ocurrió fue que mi cliente tenía en la plaza una valla colocada con nueve puertas y se forzaron los candados de ocho de estas puertas", al tiempo que alude a "un defecto procesal", ya que por su parte se solicitó en junio de 2010 la práctica de 19 pruebas "y la juez ha decretado el archivo sin responder a las mismas".

"Ni las ha admitido ni las ha rechazado", ha precisado el abogado del restaurante denunciante, quien ha considerado que la práctica de estas pruebas "era necesaria" para comprobar si los denunciantes incurrieron en un delito.

El Juzgado de Instrucción número 17 ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se seguía contra el ex concejal de Urbanismo y contra la edil delegada del Distrito Nervión por supuestos delitos de coacciones, usurpación y prevaricación, debido al supuesto impedimento a un restaurante para usar una plaza de 6.500 metros cuadrados en la avenida Pablo Picasso.

El archivo

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez estima la "inexistencia" de indicios de la comisión por los imputados de los hechos denunciados, recordando que, frente a la aseveración del denunciante de que en diciembre de 2009 fueron forzados los candados de acceso a la plaza, ocupándose el lugar para celebrar una feria gastronómica del marisco sin conocimiento de la empresa, consta en autos un decreto de la Gerencia de Urbanismo de octubre de 2009 por el que se había observado la privatización de espacio libre de propiedad municipal "sin que conste autorización o licencia", por lo que se requería al denunciante para la entrega de la llave del cerramiento.

Asimismo, la magistrada considera que a la empresa se le autorizó concesión para la explotación de un aparcamiento subterráneo y el local anexo en la avenida Kansas City, "sin que en ningún caso se hable de cesión de espacio público para su privatización". De lo actuado "no se deduce actuación ilícita alguna de los imputados", debiendo acudir el denunciante, según el juzgado, a la jurisdicción correspondiente para dilucidar los hechos objeto de la denuncia, al no ser constitutivos de infracción penal.

Los términos de la denuncia

Según relataba la denuncia, consultada por Europa Press, este restaurante ha venido explotando desde octubre de 2007 una plaza pública situada en la avenida Pablo Picasso, "con la autorización, conocimiento y anuencia del Distrito Nervión del Ayuntamiento de Sevilla", añadiendo que, con respecto a esta plaza, la empresa "realizó el vallado de la misma así como el acondicionamiento de ésta, convirtiéndola en una plaza cerrada y con accesos restringidos por varias puertas con candado".

Añade que, al recinto vallado, sólo tenía acceso otra sociedad mercantil —también denunciada en un principio por el restaurante—, al tiempo que pone de manifiesto que el día 8 de diciembre de 2009 la parte demandante tuvo conocimiento de que los candados "han sido forzados" y sustituidos por otros, "de los que no se ha facilitado copia de llave alguna", mientras que unos toldos decorativos pertenecientes también a la demandante "han sido arrancados o amarrados".

Tras ello, y tras indicar que la Gerencia Municipal de Urbanismo, a consecuencia de una denuncia del Distrito Nervión de octubre de 2009, "remitió a esta parte un decreto de la Gerencia que determinaba el abandono de la plaza y la recuperación de oficio de la misma", asevera que las administraciones públicas denunciadas —Distrito Nervión y Gerencia Municipal de Urbanismo—, "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, presuntamente, o han dado orden de cortar los candados y acceso a la plaza, o han permitido que lo haga la mercantil también denunciada".