La Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la pretensión de Agualid, empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de residuales, de que el Ayuntamiento le abonara la cantidad de 403.407 euros para compensar el coste o gasto que supone la compra del gas natural consumido en la Estación Depuradora de Aguas Residuales durante 2006, según informaron a Europa Press fuentes del Consistorio vallisoletano.

Según explicaron las mismas fuentes esta concesionaria ha interpuesto contra el Ayuntamiento hasta diez pleitos sobre diversos aspectos concesionales con el fin de "alterar" las obligaciones contractuales que asumió para conseguir "importantes cantidades" bajo el "pretexto" de la existencia de "supuestas pérdidas económicas".

El Ayuntamiento se ha opuesto a todas estas pretensiones con el fin de evitar gastos que repercutirían en el conjunto de los ciudadanos y usuarios. De las cinco sentencias definitivas dictadas hasta la fecha en segunda instancia, cuatro de ellas han sido favorables a la Administración municipal y una parcialmente.

Subida previsible

La empresa Aguas de Valladolid justificaba la necesidad de que el Ayuntamiento le abonara esta cuantía en la "abrupta e inesperada" subida del precio del gas natural en ese año. Así, de acuerdo con esta sentencia, la concesionaria no tiene derecho a obtener compensación por este concepto porque el coste derivado de la compra del gas natural consumido en la EDAR es un coste "enteramente suyo" de acuerdo con el contrato.

Además, el fallo establece que la subida del precio del gas natural era previsible y, de hecho, comenzó a producirse antes del inicio de la ejecución del contrato no habiendo, por otra parte, acreditado que la citada subida haya producido realmente un quebranto económico que rompa el inicial equilibrio de la concesión.

La estimación de la pretensión de 'Aguas de Valladolid, S.A.' habría causado "quebranto" a la Hacienda Municipal no sólo por la cuantía de lo reclamado en este pleito, sino porque le habría permitido incrementar este importe con las sumas que por este mismo concepto podría solicitar, "con repercusión para los ciudadanos", hasta 2017, en que finaliza la concesión.