El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha abogado este viernes por poner "punto final" al hecho de que en las islas el nivel de interinidad en los juzgados alcance el 55 por ciento.

Ruano ha detallado en la comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico en el Parlamento de Canarias y refiriéndose ante las críticas del PSC-PSOE a la falta de formación entre algunos funcionarios que existe un "problema estructural de base". "En Canarias y Cataluña existe un gravísimo problema de interinidad que alcanza el 55 por ciento. Es así porque la convocatoria de plazas sigue siendo estatal", ha argumentado. "Tenemos que lograr modelos más ajustados en la gestión. Hablamos de una necesidad y sólo hay medidas paliativas", ha añadido.

En este punto, el consejero ha indicado que "lo más que se puede producir es que el Ministerio celebre las pruebas en las dos capitales canarias, pero viene gente de todas partes y eso en la práctica hace que en cuanto están el tiempo indispensable se van a sus lugares de origen y se tiene que nombrar a interinos". Ruano ha informado además de que "ahora las listas son inmensas" y que existen 2.200 plazas de funcionario y 15.000 aspirantes.

Además puso énfasis en que se ha mejorado el proceso formativo. Dijo que se les obliga a hacer cursos mientras están en las listas para acceder a la plaza y que se nombra un tutor.

Ruano ha indicado de igual forma que en la actual situación se está implantando un nuevo modelo de oficinas judiciales y subrayó que el incremento de personal se debe hacer en función a este.

De igual forma se refirió durante su intervención a las unidades de asistencia integral. Atienden a víctimas de violencia de género y ha asegurado que "esas unidades están ya respondiendo en tiempo suficiente a demandas de los juzgados". "Hubo retrasos hasta que se contrató un psicólogo. El tiempo de respuesta es de un mes. Ya no hay atasco", subrayó.

Apuntó además que se han creado durante el último mandato nuevas unidades judiciales. Así se crearon once en 2007, tres en 2008, ocho al año siguiente y siete en 2010. "El concepto clásico de unidades judiciales tiene un planteamiento incrementalista que no da resultados adecuados. En España se ha producido una tasa con más de 700 creaciones. Y ello no disminuye el porcentaje de la pendencia. Esto no es por dotación, sino por no adecuación a la realidad", ha argumentado.

El consejero también ha defendido la inversión en Justicia. Dijo que se va el 66 por ciento del presupuesto. "Canarias hace un esfuerzo notorio por la justicia", dijo y continuó diciendo que existe un "estudio de la universidad de Barcelona sobre la financiación del sistema público de justicia en las CCAA y donde Canarias aparece en primer lugar en gasto por habitante en 2009 y después en Cataluña".

Con poca formación

Por su parte, el diputado del PSC-PSOE, Manuel Fajardo Palarea, insistió en la necesidad de la "potenciación de los funcionarios para evitar situaciones indeseables". Citó a la memoria del TSJC de 2009. "Había funcionarios que llegan sin el más mínimo grado de saber utilizar un ordenador. Esto da lugar a pérdida de tiempo y colapso procesal", leyó.

También aludió a los inconvenientes de mantenimiento y dijo que son necesarios dos días para cambiar un pomo en una puerta en Arrecife. El socialista dijo que es bueno "hacer autocrítica" y destacó que Ruano haya informado de que se han mejorado algunos déficit denunciados por la memoria del TSJC.

El socialista dijo que en materia de personal es partidario de que ante situaciones coyunturales hay que reforzar, pero en 2009 se hablaba de situaciones que "van más allá de un mero hecho puntual". Pidió también que se eliminen "dilaciones indebidas".

"Se debe hacer un esfuerzo en la formación con independencia de quien convoque la oposición. A día de hoy sigue habiendo muchas quejas con respecto a la preparación de los funcionarios, pero se ha hecho un esfuerzo para mejorarlo", ha admitido el diputado del PSC-PSOE para añadir que "no es baladí la necesidad de material en los juzgados".

La diputada del PP, María del Mar Arévalo, ha reconocido el ejercicio "importante" del Gobierno para mejorar la Justicia, pero añadió que "hay que hacer un discurso de autocrítico". "Las cosas no sólo dependen de su área, excede con mucho de su gestión, pero ciertamente hay que hablar de un índice de saturación importantísimo", ha asegurado.

La popular dijo que las demoras no son "lógicas". "Los juzgados no tienen capacidad para reclamar que las diligencias previas se hagan. Los procesos se eternizan en penal", dijo para añadir que en civil "la admisión a trámite de una demanda de desahucio puede tardar meses". "No dan abasto", recalcó.

Arévalo también se interesó por los gabinetes psicosociales de las dos capitales y afirmó que hay demoras de un año. "La vida de un menor se queda en suspenso un año porque están saturados", ha explicado y pidió que se ponga remedio al "anómalo" funcionamiento.

"Usted hace una reflexión muy genérica", le respondió Ruano para añadirle que en el Parlamento de Canarias le parece hay que ser "más preciso" en situaciones genéricas. "Podría hablarle del modelo de organización, que es el más complejo con comunidades autónomas con competencias y sin ellas, Ministerio, etc. El problema está en relación a las competencias de gestión y no podemos establecer políticas si no nos dan todas las competencias", dijo el consejero.

Por último, la diputada de CC, Flora Marrero, dijo que es importante que haya una buena relación entre el poder legislativo y el judicial. Aquí destacó la solidaridad de los jueces ante la ralentización de nuevas infraestructuras debido a la actual situación económica.

Añadió que "es verdad" que antes en las listas había personas que no sabían qué era una demanda, pero destacó que se ha potenciado la "formación on line". Marrero apostó por un nuevo modelo de ordenación y coordinación judicial. Dijo que es "importantísima" la optimización del trabajo.