La Sindicatura de Cuentas no detectó ninguna irregularidad penal en la gestión económica del Govern durante el 2009, tal como ha señalado el síndic mayor, Antoni Mas, quien ha remarcado que si en el informe de ese año se hubiese descubierto alguna incidencia de este tipo, se hubiera puesto en conocimiento del Juzgado, tal como obliga la Ley.

Tras presentar el citado informe a la presidenta del Parlament, Aina Rado, Mas ha desvelado que algunas entidades dependientes y vinculadas a la CAIB no suministraron a la Sindicatura de Cuentas la información relativa a los contratos adjudicados durante el 2009 por un importe igual o superior a 150.000 euros.

Además, la Sindicatura de Cuentas aconseja hacer un uso cuidadoso de los contratos menores "sin incurrir en fraccionamiento del objeto de contrato", con el fin de "hacer efectivos los principios de publicidad y concurrencia".

Respecto a las subvenciones adjudicadas por el Ejecutivo durante el 2009 a 10.151 beneficiarios, que ascendieron a 316,2 millones de euros, la Sindicatura considera que se debería exigir un cumplimiento más "esmerado" de las solicitudes y las justificaciones, con "concreción de los proyectos y detalle de los presupuestos; memorias justificativas fechadas y firmadas; explicación de la imputación de los costes indirectos; facturas subvencionables; comprobantes de pagos y cumplimiento de plazos.

Asimismo, la Sindicatura de Cuentas recomienda que en la selección de los proyectos subvencionables por parte de las entidades dependientes del Govern, se apliquen "los principios de publicidad y concurrencia, así como la justificación de su elección y que se cumpla el procedimiento previsto para la aprobación de subvenciones por el órgano competente".

Por otra parte, también aconseja restringir el uso de los convenios de colaboración con entidades privadas en los casos permitidos por la normativa vigente y hacer un seguimiento "esmerado" de las obligaciones surgidas de los convenios formalizados.

Respecto a IB3, estima que en el 2009, el ente se situaba en el supuesto de disolución previsto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Mercantiles, debido a que el endeudamiento vivo agregado se situaba al cierre de ese año en 42 millones de euros, frente a los 181 millones del inicio de ese ejercicio. No obstante, la Sindicatura hizo esta consideración antes de que el Govern asumiera la deuda del ente, por un importe de 169 millones de euros, a cambio de que éste cumpla los compromisos económicos establecidos en el contrato programa.

Otra de las recomendaciones que la Sindicatura hacía en el 2009 era "reducir la estructura y la composición del sector público autonómico y que se vele por su adaptación a la satisfacción de las necesidades públicas, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía".

En este sentido, Mas ha recordado que en 2010, se aprobó la Ley del Sector Público con la que, según ha apuntado, "se supone que se darán los pasos" para reducir la estructura pública del Govern, que en el 2009 contaba con 190 entidades.

"moderar" el endeudamiento

Entre las 61 recomendaciones que la Sindicatura hace en su informe de 2009 para mejorar la gestión económico financiera del Govern, destaca aquélla que recuerda la "conveniencia de moderar la contracción de obligaciones con cargo a ejercicios futuros", teniendo en cuenta que en el año del estudio los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros se incrementaron un 11,53 por ciento, hasta alcanzar los 2.733 millones de euros.

Así, indica que al cierre del ejercicio 2009, el endeudamiento vivo a largo plazo del Govern era de 2.254 millones de euros, con un incremento del 58,07 por ciento, respecto al ejercicio anterior, mientras que la deuda por operaciones de tesorería a corto plazo era de 235 millones y los gastos financieros de la deuda fueron de 60 millones.

De este modo, la Sindicatura recomienda "potenciar el papel de la Dirección General de Presupuestos en la tramitación de los expedientes de gasto plurianual para que se pronuncie sobre el efecto en los presupuestos futuros y la existencia de recursos adecuados para su financiación".

Al mismo tiempo, aconseja restringir la apelación al Consell de Govern para que autorice gastos plurianuales que excedan los límites del número de anualidades y porcentajes que prevé la normativa vigente.

Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas también constata que, como en ejercicios anteriores, el Servicio de Salud de Baleares "continúa sin disponer de un inventario, completo y debidamente valorado, de los bienes y derechos de los cuales es titular, que permita el control y la buena gestión de los elementos que lo integran". Asimismo, añade que la Agencia Tributaria de Baleares se encuentra en la misma situación.