El director xeral de Tributos, Carlos Rodríguez Sánchez, ha advertido este viernes de que la Xunta "no puede admitir" que el valor de mercado de una concesión 'bateeira' sea inferior a 10.000 euros y ha apoyado su argumentación en base a que hay declaraciones que superan los 200.000 euros y otros por debajo de los 600 euros en la misma ría.

En este sentido, y en respuesta a una cuestión planteada por el parlamentario del Bloque Bieiro Lobeira en la Comisión de Pesca de la Cámara, el alto cargo de la Xunta ha ratificado que su departamento realizará un "estudio en profundidad" para que exista una valoración objetiva de una concesión a 10 años, tal y como el propio director xeral adquirió el compromiso con representantes del sector en Galicia a principios de este mes.

Así, Rodríguez Sánchez puso el ejemplo de que, en una concesión para diez años por valor de 100.000 euros, el impuesto por la transmisión de la concesión administrativa es de 4.000 euros, lo que supone 400 euros al año, unos 40 euros por mes. "No estamos hablando de 4.000 euros al año", ha explicado el director xeral de Tributos, quien rechazó que se trate de algo "desproporcionado" como había advertido el diputado nacionalista.

De hecho, Bieito Lobeira ha criticado lo que ha denominado como una "subida absolutamente desproporcionada e injusta" y ha reclamado que se "retrotaiga" a los niveles "normales", porque es "inasumible desde el punto de vista objetivo".

Así, ha demandado "corrección" de esta actuación de "voracidad recaudatoria" en un sector que está "sumido en un crisis" y "debilitado" por la introducción de mejillón chileno. En este sentido, ha advertido de que combatir el fraude fiscal en Galicia "no pasa por los bateeiros" y pide adaptar la ley a la "realidad" del sector, porque "no se sostiene" hacer valoraciones sobre lo que va a ganar en diez años, ya que, por el camino, se pueden producir variaciones en los meercados, temporales o periodos de toxicidad.

Sin embargo, Rodríguez Sánchez ha defendido que esta lucha contra el fraude fiscal se está llevando a cabo en todas las concesiones administrativas como uno de los "nichos" contra las prácticas irregulares, y ha defendido que "no es una valoración por criterios oscuros", y de ahí que se vaya a realizar un estudio, para apreciar el valor de las concesiones para esos diez años.