Los sindicatos UGT y CCOO en Extremadura han acogido con "prudencia" y "cautela" la solicitud de concurso de acreedores para Carcesa y han confiado en que permita el mantenimiento de las plantas en la región, ya que son "viables".

El secretario general de UGT y CCOO en Extremadura, Francisco Capilla y Julián Carretero, respectivamente, han indicado que seguirán vigilantes este proceso y han mostrado su deseo de que pueda concluir, "a ser posible", con todos los puestos de trabajo que tiene esta industria en la región.

De esta forma, Carretero ha planteado que, tras el concurso, se podría incluso incrementar dicho número "en un futuro", toda vez que las factorías son "rentables y viables", porque tienen un producto de "mucha calidad y competitivo".

Francisco Capilla ha asegurado que, en la situación en la que se encontraban los trabajadores y la propia empresa, el concurso de acreedores es lo "mejor" que le podía pasar y ha considerado que hubiese sido un "ejercicio de responsabilidad" por parte de Nueva Rumasa si este concurso se hubiera solicitado antes.

Así ha acusado a la familia Ruiz-Mateos de "prolongar la agonía" de Carcesa y "perjudicar claramente" a la economía extremeña y a los trabajadores de la empresa.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Julián Carretero, ha confiado en que esta "fase nueva" que se abre para Carcesa sea "para bien" y para superar la "situación de incertidumbre" que se tenía.

Al respecto, ha valorado que el concurso de acreedores no viene a solucionar el conflicto ni la situación sino a dar "más tranquilidad" a través de la tutela judicial.

Carretero también ha confiado en que la Justicia nombre administradores concursales, como en Granada, y que no siga dejando la administración de la empresa en manos de los dueños.

En esta misma línea, Francisco Capilla ha añadido que "si el juzgado lo hace bien" se podría "estar hablando de un escenario en el que al menos se vea la luz y se pueda ver una solución de futuro para una empresa que tiene viabilidad".

El secretario general de UGT Extremadura también ha instado a la Administración pública a que, en coordinación con los agentes sociales, empuje en la misma dirección para "salvar" Carcesa.