La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado que Castilla y León no tiene firmado el convenio de derivación de llamadas a la línea 016 de atención al maltrato porque cuando se le propuso firmarlo, añadió una cláusula pidiendo 60.000 euros para financiar el servicio, cuando estos convenios no conllevan financiación.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la delegación del Gobierno respondían así a la reclamación del Grupo Parlamentario Popular en Castilla y León, que este jueves exigió públicamente una respuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para la firma de este convenio.

Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, cuando se ofreció a Castilla y León la posibilidad de adherirse al 016, la Junta devolvió el convenio al Gobierno tras añadir una cláusula de financiación estatal de 60.000 euros, motivo que llevó al Ejecutivo a rechazar la firma y remitir una nueva propuesta a la región.

"Tal y como ocurre en todas las comunidades autónomas" la gestión de este servicio para víctimas de violencia de género "no contempla financiación", hecho que el ya extinto Ministerio de Igualdad comunicó al Gobierno de Castilla y León en abril de 2009, "sin que hasta el momento se haya recibido respuesta".

El servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género 016 se puso en marcha en septiembre de 2007 y desde entonces, ha recibido 238.248 llamadas, de las que 11.145 procedían de Castilla y León.

En la actualidad, a excepción de Galicia, Murcia, La Rioja y Castilla y León, todas las comunidades autónomas ha suscrito acuerdos para la derivación de llamadas procedentes de sus territorios.