La proposición de ley del PP para reformar la ley General de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de fijar techos de gasto en todas las administraciones públicas incluye la posibilidad de que el Gobierno central pueda imponer un objetivo concreto de estabilidad a las comunidades autónomas si éstas no son capaces de acordarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El primer partido de la oposición lleva meses reclamando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través de iniciativas parlamentarias que recupere los criterios de estabilidad presupuestaria que implantó en su día el Ejecutivo de José María Aznar.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado martes la presentación de esta proposición de ley alegando que se ha producido un "cambio de actitud" en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según recordó, el PSOE, los nacionalistas y las minorías de izquierda 'tumbaron' el pasado 25 de enero una proposición de ley del PP que planteaba esta cuestión, si bien tras la visita de la canciller alemana Angela Merkel a España y la última reunión del Eurogrupo y el principio de acuerdo sobre el Pacto por la Competitividad, la situación ha cambiado.

Fijar la austeridad por ley

Sáenz de Santamaría justificaba su propuesta para dar al Gobierno la "oportunidad" de aclarar su postura e iniciar un procedimiento de reforma legal que "fije la austeridad por ley" con techos de gasto y endeudamiento "mucho más firmes".

En su texto, recogido por Europa Press, el PP plantea que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de las autonomías "se realicen en equilibrio o superávit". En concreto, apuesta por que como máximo un mes después de que el Gobierno central apruebe su propio objetivo de estabilidad, reúna al CPFF para determinar el que corresponderá a cada territorio. "El objetivo individual se expresará en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto regional, deberá ser compatible con el objetivo individual de las demás y con el conjunto fihjado para todas ellas", apuntan.

Pero la propia propuesta del PP especifica que, "de no llegarse a un acuerdo, el Ministerio de Economía y Hacienda determinará el objetivo de estabilidad aplicable a la comunidad o comunidades correspondientes".

Si una comunidad incumple el objetivo de estabilidad tendrá que hacer un plan de reequilibrio en un plazo de máximo de tres años. También se prevé que las situaciones excepcionales de déficit presupuestario que pudieran afectar a las comunidades sean justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y que en un plazo de tres meses la administración afectada elabore un plan económico-financiero para sanear sus cuentas a medio plazo.

Autorización de operaciones de créditos

Asimismo, los 'populares' sugieren que los ayuntamientos ajusten sus presupuestos al 'déficit cero' y que aprueben un plan para corregirlos, en caso de desequilibrio, que habrá de ser supervisado por el Ministerio de Economía. Además, los entes locales que incumplan ese mandato tengan que pedir autorización para concretar operaciones de crédito a largo plazo e incluir en la solicitud qué medidas tomarán para corregir el desequilibrio.

También las comunidades autónomas necesitarán autorización estatal para realizar operaciones de crédito a cualquier plazo y con independencia del fin cuando se constate que éstas son incompatibles con el escenario de austeridad.

Igualmente, el PP pretende que el Tribunal de Cuentas analice todos los años si los Presupuestos Generales del Estado se ajustan a los objetivos de estabilidad aprobados por las Cortes. Si el Gobierno incumple el 'déficit cero' tendrá que hace un plan para corregirlo en tres años y si, de manera excepcional, se elabora un Presupuesto deficitario se dará un mes al Ejecutivo para remitir al Parlamento medidas para corregirlo a más tardar en los tres ejercicios siguientes.