La Junta de Castilla y León ha señalado que estudia los márgenes de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León sobre la asunción de las competencias del Duero e incide en que la Comunidad quiere "tener protagonismo" en las decisiones que se adopten sobre el río.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado de los pasos en los que trabaja ahora el Gobierno regional en una rueda de prensa convocada tras conocer la sentencia del Constitucional, donde ha avanzado que todavía no se conoce en profundidad el fallo aunque ha apuntado a que podría haber otras posibilidades, entre las que citó una gestión compartida o una encomienda de gestión.

El portavoz de la Junta ha avanzado que el presidente Juan Vicente Herrera mantendrá una reunión con los distintos grupos parlamentarios tras estudiar el fallo del Constitucional y ha apuntado a que al Gobierno no le "parecería mal" que el Grupo Parlamentario Socialista invitara al secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar López.

El portavoz del Gobierno regional ha señalado que la gestión del Duero es una "cuestión de Comunidad" y una aspiración compartida "por todos" en Castilla y León, por lo que la sentencia del Constitucional supone una "decepción colectiva y compartida". Así, ha insistido en que el Equipo de Gobierno dirigido por Juan Vicente Herrera se siente "orgulloso" de haber reclamado las competencias que figuraban en la norma básica de la Comunidad.

En este sentido, ha recordado que la reforma del Estatuto de Autonomía fue "apoyada por todos" y aprobada en el año 2007 por los tres parlamentos —Cortes de Castilla y León, Congreso de los Diputados y Senado— de forma ejemplar, ya que como citó contó con la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su puesta en consideración y fue "la única norma estatutaria" que salió del Senado directamente sin tener que volver al Congreso para su aprobación definitiva.

De esta manera, el Gobierno de Castilla y León "no se arrepiente" de haber "forzado la negociación" de las transferencias del Duero por que contó también con el apoyo de los agentes económicos y sociales y organizaciones agrarias —CC.OO, UGT, Cecale, UPA, Asaja, Coag, Urcacyl y los regantes— firmaron un documento dirigido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que se agilizasen los trámites para hacer efectivas las competencias.

En referencia a la futura reunión con los grupos políticos, ha añadido que la intención del Gobierno regional es explicar también la situación a las organizaciones sociales, económicas y agrarias. No obstante, ha preferido no dar plazos pues aún no se conoce el texto íntegro de la sentencia, sino sólo una notificación oficial del TC, y ha aseverado que "obviamente" el caso no se quedará "en el cajón".

En este sentido, De Santiago-Juárez ha explicado que la situación de la Comunidad "no tiene nada que ver" con la que vive el Gobierno de Andalucía con la gestión del Guadalquivir y sobre la que el Constitucional se pronunció ayer, ya que Castilla y León no ha culminado la transferencia, mientras que en la Comunidad andaluza "se dieron prisa por transferir".

"Es la primera ver que nos favorece un trato desigual, lo que parecía una suerte ahora es un problema", ha señalado.

También ha reflexionado que en un primer momento, cuando "hace un mes y medio" la ministra del ramo, Rosa Aguilar, señalaba a los miembros del Gobierno regional que "había que esperar" en el caso de la transferencia del Duero les había parecido "una pega más" después de "otras cuatro". Así, ha recordado que en un primero momento se había retrasado la cesión por "problemas por un informe de la abogacía del Estado", después "problemas con Portugal", "un informe del Gobierno a la UE".

Propuesta de lópez

En cuanto a la propuesta realizada este mismo jueves por el líder socialista, Óscar López, de buscar una postura de consenso para una reforma estatutaria que corrija y subsane el artículo 75.1, el consejero 'popular' ha aseverado que la postura de la Junta es "la que recoge la norma máxima" de gobierno de la Comunidad, que fue respaldada de forma unánime.

Sobre el formato que pueda tener la acción que lleve a cabo la Junta de Castilla y León, ha considerado complicada la reforma del Estatuto a través de una Ley Orgánica, y ha apuntado que existen otras figuras como un "cambio de Ley sectorial".

Por otro lado, De Santiago Juárez ha hecho extensivas las declaraciones al caso de Castilla y León las afirmaciones del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando ha valorado que "no hay ni ganadores ni perdedores", en referencia a la anulación del artículo sobre la gestión del Guadalquivir en el Estatuto de Andalucía. Este hecho, a juicio del portavoz, muestra "su categoría política frente a otros que hacen política barata y de bajo coste en asuntos de Comunidad", en referencia Óscar López.

De hecho, anteriormente había recordado que si el candidato socialista había dicho de él que "todo lo que toca lo rompe", en referencia a unas declaraciones sobre la sentencia del TC en el caso del río que nace en la Sierra de Cazorla, y le ha respondido que "todo lo que toca lo ensucia".