La Fiscalía reclama 340.000 euros de fianza civil para Munar y el resto de acusados del caso Can Domenge

La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 342.000 euros como fianza de responsabilidad civil a la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, y a los otros cinco acusados del caso Can Domenge, a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados en esta causa. Un procedimiento en el marco del cual pide seis años de prisión tanto para la ex dirigente histórica de Unió Mallorquina como para otros tres ex dirigentes del partido que se sentarán en el banquillo.

La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 342.000 euros como fianza de responsabilidad civil a la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, y a los otros cinco acusados del caso Can Domenge, a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados en esta causa. Un procedimiento en el marco del cual pide seis años de prisión tanto para la ex dirigente histórica de Unió Mallorquina como para otros tres ex dirigentes del partido que se sentarán en el banquillo.

Así consta en el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado la acusación pública tras finalizar la instrucción de este caso, que echó a andar a raíz de la querella interpuesta por la mercantil Núñez y Navarro para denunciar la venta de los solares palmesanos por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía el grupo presidido por el empresario José Luis Núñez.

En su escrito, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau solicitan una fianza de 32.000 euros para Munar, el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, los ex consellers insulars Bartomeu Vicens -que en la actualidad cumple condena por una pieza separada del caso Son Oms- y Miquel Àngel Flaquer, y para el principal accionista de Sacresa -una de las adjudicatarias-, Román Sanahuja Pons. Mientras, para el abogado asesor de Sacresa, Santiago Fiol, reclama una caución de 182.000 euros.

De forma paralela, la acusación pública piden la nulidad del expediente de enajenación de los terrenos, su adjudicación y la compraventa escriturada, así como la reversión de la finca al Consell de Mallorca y que éste sea indemnizado de las cargas, gravámenes y perjuicios que puedan haberse producido.

En concreto, los fiscales acusan a los cuatro ex dirigentes de UM de los delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que finalmente no les acusan por un delito de malversación de caudales públicos.

Cabe señalar que el escrito de acusación ha sido presentado cuatro meses después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, dictase el auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, y con el que finalizaba la fase de instrucción de este procedimiento, que indaga las presuntas irregularidades cometidas en la venta de los solares palmesanos a la UTE integrada por Sacresa y Ferrà Tur.

En su auto, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la histórica dirigente de UM.

Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la ex líder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa. (

Habrá ampliación)

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