El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha archivado el caso Sant Elm en relación al ex conseller de Turismo y diputado del PP, Joan Flaquer, que había sido imputado en la causa que indaga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al Ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce.

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que a principios de este mes la sala de lo civil y penal del TSJIB se declarase competente para instruir este caso debido al aforamiento de Flaquer, como consecuencia del cual el Juzgado de Instrucción número 7, encargado hasta entonces de las pesquisas, pidió que se encargara de la causa la máxima instancia judicial de las islas.

La sala, compuesta por el presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, y los magistrados Javier Muñoz y Pablo Delfont, dio respuesta de esta forma a la exposición razonada que le remitió el instructor del procedimiento, Antoni Garcías, quien apreciaba indicios delictivos suficientes por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el caso de Flaquer, uno de los principales imputados junto al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el presidente de la Fundació y ex jefe del Ejecutivo autonómico, Gabriel Cañellas.

La acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx a través del letrado Pablo Alonso de Caso, sostenía que en este proceso Flaquer ejerció una "voluntad de defraudar" a la administración pública, al rubricar un convenio con el Consistorio para que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació Illes Balears para la cesión del castillo de Sant Elm al Ayuntamiento.

A tenor de estos hechos, la acusación subrayaba que podrían haberse producido "supuestos ilícitos penales" a raíz de una "estrategia triangular" trazada entre Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Es más, postula que la conducta de todos ellos "podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial".

Sin embargo, el parlamentario negó en su declaración ante el juez haber cometido delito alguno a raíz de la firma, en marzo de 2006, del convenio por el que el Inestur acordó el pago de 30.000 euros al Consistorio, y defendió que éste iba dirigido al fomento del turismo cultural en el municipio 'andritxol'. Por su parte, Cañellas e Hidalgo, que comparecieron hace un año ante el magistrado, se acusaron mutuamente de la idea de otorgar al edificio una utilización institucional y promocional. (AMPLIACIÓN)