La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha anunciado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que extenderá el servicio de teleasistencia para víctimas de violencia de género a aquellas mujeres que habiendo pedido ayuda, no hayan presentado denuncia.

Según ha explicado en declaraciones a los medios antes de presidir la reunión con los responsables autonómicos del ramo, se trata de extender el apoyo psicosocial que en la actualidad ofrece el servicio Atempro a 9.000 mujeres en España, mediante un teléfono móvil que las acompaña y al que pueden recurrir para recibir apoyo.

"Las mujeres que aún no han oficializado la denuncia" podrán acceder a la teleasistencia "a través de los servicios sociales, que son quienes se suelen ocupar de este tipo de asistencia y deben valorar que mujeres pueden ser susceptibles de ayuda a través de este tipo de instrumento", conforme ha señalado la ministra.

Fuentes de su gabinete han concretado que con esta medida, en el momento en que una mujer maltratada pida ayuda, ya sea a un especialista de atención primaria (que detectan el 60% de los casos) o a un familiar o amigo, podrá ser dirigida a este servicio. Los psicólogos y especialistas al otro lado de la línea podrán prestarle apoyo y motivarla para que presente una denuncia.

De las 14 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de año, sólo tres habían acudido a la justicia. El teléfono, aunque no está pensado como medida de protección sino como una herramienta de asistencia, cuenta también con un 'botón de pánico' para dar una alerta en caso de que peligre la integridad física de la usuaria y que permite localizar su situación aproximada mediante una triangulación con las antenas telefónicas.

Un presupuesto de 5 millones de euros

Por otra parte, Pajín ha dado cuenta a las comunidades autónomas de su intención de extender el uso de los 500 brazaletes GPS para localización de maltratadores, que si hasta ahora servían para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, también podrán ser impuestos por un juez durante el cumplimiento de la condena de alejamiento.

Pajín ha destacado que en este ejercicio el presupuesto se ha mantenido en cinco millones de euros, igual que en 2010, de los que 1,5 millones se destinarán específicamente al trabajo con menores de edad.